La investigación sobre el fraude en las ayudas europeas se extiende a todo el sector citrícola

La investigación que lleva adelante la Guardia Civil sobre un presunto fraude en las ayudas que concede la Unión Europea para la industrialización de cítricos, se extiende a todo el sector. Fuentes oficiales explicaron que la investigación se inició hace unas semanas, y que se prolongará durante el tiempo necesario para hablar con "todo aquel que tenga parte en el proceso de producción o comercialización de cítricos en la Comunidad Valenciana". La policía judicial recabó de la interprofesional Intercitrus información sobre el funcionamiento de las ayudas europeas.

Un portavoz de la Guardia Civl explicó que la investigación se inicia tras las irregularidades detectadas en la empresa murciana Alvalle. El proceso fraudulento descubierto en esta firma -que declaraba la compra de cantidades superiores de cítricos a las reales para recibir más subvenciones de la UE- ha sido el detonante de una investigación generalizada del sector citrícola, según la misma fuente. El caso más evidente de la actuación de la policía judicial ha tenido lugar en Barxeta (La Costera), donde los agentes han tomado declaración a numerosos productores, informa Jesús Badenes. Según los vecinos, en las declaraciones se han puesto de manifiesto casos en los que propietarios de campos de olivos han recibido hasta 80 millones de pesetas por la producción inexistente de naranjas. Algunos agricultores de la localidad lamentaron, sin embargo, la tardanza en la actuación de la justicia, ya que el caso era conocido por la población y por los propios supuestos "estafadores, que eran conscientes del fraude". Desde la Cooperativa Agrícola de Barxeta se asegura que ninguno de sus miembros está vinculado al caso.Fuentes conocedoras de la investigación apuntan que la investigación desarrollada en Barxeta se reproducirá en otras 30 localidades más. Las mismas fuentes apuntan que el nexo común entre los agricultores de estas zonas sería una empresa ubicada en la comarca de La Safor, que habría acordado con los productores el plan para conseguir el dinero de la UE. La red la integrarían agricultores a título individual, la empresa valenciana y una empresa de transformación de Murcia. Se descarta inicialmente que las cooperativas estuviesen implicadas.

La Unión Europea dispone de una línea de ayudas a la industrialización. La UE marca un máximo de toneladas de cítricos que pueden recibir subvenciones, y en caso de superarse esta cantidad, se penalizan las ayudas para campañas posteriores. Este año, la subvención ha sufrido un recorte del 30% por superar el umbral, quedándose en 19 pesetas por kilo, una cantidad ínfima, ya que la retirada se está pagando a 24.

Tentáculos de Alvalle

Entre la decena de personas imputadas por un juzgado de Murcia en el caso Alvalle, que originó la investigación del sector citrícola valenciano, figura Francisco Alfonso Espinosa Albacete, el apoderado de una finca de cítricos en Los Montesinos, un pequeño municipio de La Vega Baja. Se trata de la finca El Cuartel, de 13,5 hectáreas. Los investigadores de la Guardia Civil aseguran que el año en el que se produjo la supuesta venta de una elevada cantidad de toneladas de naranjas de la finca a la empresa zumera murciana Alvalle ya no quedaban árboles frutales allí, porque habían sido talados. Además, los agentes dicen que la cantidad de naranjas supuestamente vendidas es muy superior a la capacidad productiva de los terrenos.

Espinosa, un letrado residente en Murcia, administra Monsol Inversiones, SL, la empresa con sede social en Torrevieja que es la propietaria de El Cuartel. Como apoderado de la finca, Espinosa firmó el contrato de la supuesta venta de naranjas a Alvalle (cuyo presidente, José María Casanova, es otro de los imputados).

En el sumario del caso Alvalle aparecen otras cuatro explotaciones citrícolas inspeccionadas por la Guardia Civil en Alicante (dos en Almoradí, una en Rojales y otra en Jacarilla) que desde 1992 han vendido su cosecha a Alvalle.