Los cambios en la selectividad provocan el caos en las comunidades Las consejerías protestan por la precipitación y la falta de concreción del ministerio

La reforma de la selectividad que aprobó el Gobierno en octubre se les ha atragantado a las consejerías de Educación. A falta de cuatro meses para la prueba, aún no es posible asegurar si las comunidades autónomas aplicarán en su totalidad o en parte el último decreto que la regula. Esto significa que puede haber exámenes de selectividad sustancialmente distintos en cada comunidad, con el consiguiente perjuicio para algunos alumnos, que ante el agravio comparativo tendrían argumentos de sobra para impugnar la prueba.

La última reforma de la selectividad da más valor a la nota media de bachillerato (60%) que a la de la prueba (40%) -antes puntuaban igual- y a las materias vinculadas a la especialidad cursada por cada alumno. Establece un sistema de reclamación que permite que un examen se corrija hasta cuatro veces y la nota inicial baje. Distribuye las 12 horas del examen en tres días en lugar de dos, y reduce de 5 a 4 la nota mínima.Ante el desconcierto suscitado por la reforma, algunos de cuyos artículos son imposibles de aplicar con el curso ya iniciado, universidades y comunidades autónomas pidieron al Ministerio de Educación que aplazara su puesta en marcha hasta el próximo curso. Pero el ministerio no quiso dar una marcha atrás tan evidente y prefirió distribuir una circular con dos "aclaraciones" que en realidad permiten dejar sin aplicar los dos aspectos más criticados del decreto, que son:

- Primera parte de la prueba. Hasta ahora la selectividad permitía a los alumnos elegir entre dos cuestionarios en los ejercicios de Lengua e Historia (o Filosofía, según la asignatura cursada en segundo de bachillerato en cada comunidad). El nuevo decreto dice sobre estos ejercicios que "en cada uno de ellos se entregará a los estudiantes una sola propuesta". La circular aclara que esta única propuesta "podrá incluir dos repertorios de cuestiones". Y concluye: "En función de la aplicación de las pruebas en años anteriores".

- Segunda parte de la prueba. Los alumnos que se presentaban por dos vías de acceso a la universidad se examinaban de un máximo de cuatro materias (las de modalidad o vinculadas a cada opción). El nuevo decreto añade una quinta, "elegida libremente por el estudiante entre las propias de modalidad". Esto deja sin opción a la doble vía a los alumnos matriculados este curso en cuatro materias de modalidad más una optativa. La circular sugiere a las comisiones organizadoras que adopten las "medidas necesarias" para evitarlo.

La mayoría de comunidades, como Madrid, Cantabria, La Rioja, Castilla-La Mancha, País Vasco, Asturias y Baleares, se han mostrado desorientadas ante la inseguridad del Gobierno. Al final decidirán por su cuenta con sus propias universidades y docentes el modelo de selectividad "más beneficioso para los alumnos". Es decir, adaptarán libremente el decreto e ignorarán los artículos más conflictivos, dejando las cosas como estaban.

Se da la paradoja de que esta solución "beneficiosa" legitima además a los que se presenten a la prueba a impugnarla, si entienden que vulnera la ley. Para que esto no ocurra, Galicia y Canarias esperan contar con un reglamento autonómico de selectividad antes de junio.

El secretario de Estado de Universidades, Jorge Fernández Díaz, aseguró la semana pasada que no tendría inconveniente en convertir las "aclaraciones" en orden ministerial, lo que resolvería el enredo; pero cree que no es necesario porque "ninguna universidad ni ninguna comunidad autónoma lo han solicitado".

El consejero andaluz de Educación, Manuel Pezzi, desmintió este supuesto la semana pasada, al afirmar: "Yo mismo he pedido por carta una reunión urgente, y el director general de Universidades de Andalucía, José Luis Pino, también se ha dirigido al ministerio para que se posponga el decreto". Pezzi ha llevado más lejos que nadie su protesta. Pretende aplicar la reforma al pie de la letra y no seguir las recomendaciones de la circular, por carecer ésta de valor normativo.

Los directores universitarios de Andalucía, Asturias, Baleares, Extremadura y Castilla-La Mancha han pedido la retirada del decreto (Baleares hará una petición oficial). Cataluña presentará un recurso de inconstitucionalidad por "invasión de competencias autonómicas". El País Vasco ha encargado un informe jurídico y no descarta seguir el mismo camino.