Straw ya no objeta que Bélgica pueda recurrir contra Pinochet y destaca la renuncia de España

El Ministerio del Interior británico ya no niega que Bélgica tenga capacidad para presentar un recurso de revisión judicial contra la decisión preliminar de liberar a Pinochet, aunque ha vuelto a insistir en que la ausencia de España en los recursos contra la liberación del general que se verán hoy en el llamado tribunal divisional del Alto Tribunal de Justicia es un hecho "notable". Los tres jueces que hoy ven el permiso para recurrir forman parte de una jurisdicción que ya defendió en otro caso el derecho de las autoridades a no revelar informes confidenciales.

En sus argumentaciones, entregadas a las partes con anticipación, Jonathan Sumption, abogado que representa al Ministerio del Interior, sostiene que "la ausencia de España en este procedimiento es notable. La extradición es un procedimiento a disposición de los Estados, y sólo los Estados. Amnistía Internacional (AI) y las otras organizaciones de derechos humanos no son parte en las actuaciones de extradición. España no es parte en estas actuaciones . Y ha hecho llegar al ministro del Interior alegaciones del juez instructor en las que objeta el secreto del informe médico, pero ha dicho que su posición es que ésta es una decisión del ministro dentro de su discreción, y que, si se adopta una decisión de no extraditar al senador Pinochet, la respetará y no buscará recurrirla".El esquema de argumentos introduce un cambio respecto de Bélgica. Mientras hasta ahora el Ministerio del Interior británico sostenía que las autoridades belgas no tenían derecho a recurrir, ahora, a diferencia de lo que sigue manteniendo respecto a Amnistía Internacional, ya no lo cuestiona. Se limita a decir que el interés de Bélgica es "remoto", pero en ningún caso insinúa, al menos por escrito, un rechazo a su capacidad para presentar el recurso.

Solicitud de extradición

El juez de instrucción de Bruselas Damien Vandermeersch, por otra parte, ha enviado al Ministerio del Interior británico, desde el miércoles 3, dos comunicaciones en las que desarrolla la solicitud de extradición de Pinochet presentada por Bélgica, e incluye casos de tortura a partir de diciembre de 1988. Algunas de las personas torturadas viven actualmente en Bélgica.

En sus argumentaciones, el abogado Sumption aborda el carácter confidencial de los informes médicos. "La historia médica individual y el estado de salud constituyen una consagrada categoría de información confidencial para él mismo". Agrega que hay "un principio análogo de la ley administrativa que se extiende más allá de la información confidencial, que se deriva de la obligación de las instituciones públicas en el ejercicio de sus poderes solamente para los propósitos para los cuales existen estos poderes".

Según Sumption, el tribunal divisional , en el que se verán hoy los recursos de Bélgica y de Amnistía Internacional, ya ha fallado en otro caso en que la información confidencial no debe ser revelada por una institución o autoridad, "salvo con un fin y cuando sea necesario para el ejercicio de su función pública, o para permitir a otras instituciones públicas cumplir con su deber. El principio, creo, descansa en la regla fundamental de la buena admistración pública, que la ley debe reconocer y, si resulta necesario, reforzar".

El pleito en cuestión tuvo lugar, en 1999, en una demanda contra el jefe de policía del norte de Gales. Y el juez del tribunal divisional que explicó la sentencia fue nada menos que lord Thomas Bingham, uno de los jueces que en su día, el 28 de octubre de 1998, le concedieron la inmunidad a Pinochet.

Apoyar la sentencia apelada

Pero el abogado Sumption explica, asimismo, que, cuando el caso fue recurrido y pasó al tribunal de apelaciones, otro juez, lord Woolf, apoyó la sentencia apelada. "La información llegó a la policía para que pudiera ejercer su función. Como institución pública, tiene el derecho de usar esa información solamente cuando sea necesario para el cumplimiento de sus funciones". Esta referencia al tribunal de apelaciones no deja de tener interés. Porque quien preside el tribunal que hoy ve los recursos es Simon Brown, un juez que actúa en el tribunal de apelaciones.

Según Sumption, "en el caso del senador Pinochet, un existente derecho a la confidencialidad fue reforzado por garantías expresas de que el informe sería usado solamente para el propósito de permitir al ministro y a las autoridades fiscales del Reino Unido cumplir con sus funciones. Estas garantías fueron concedidas correctamente. Aunque esta restricción está sujeta a cualquier interés público superior, el interés público relevante en este campo no va más allá del correcto cumplimiento de sus funciones por parte de las autoridades".