La figura de senador vitalicio viola los derechos humanos, según la OEA

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo público ayer un informe contra la figura de los senadores designados y vitalicios en Chile, por considerar que viola los derechos humanos, y recomienda al Estado chileno su derogación. La resolución sostiene que el nombramiento de los senadores designados y vitalicios, a que se refiere el artículo 45 de la Constitución de 1980, vigente en Chile desde la dictadura de Pinochet, "establece claras discriminaciones, al permitir el acceso al Senado, que es una Cámara colegisladora, a personas al margen de la voluntad popular". La comisión depende de la Organización de Estados Americanos (OEA)."Ésta es una discriminación arbitraria", añade la comisión, en referencia a una disposición contemplada en la Constitución de 1980, vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet. En consecuencia, la comisión que depende la OEA, recomienda al Estado chileno "adoptar las medidas necesaria para adecuar su ordenamiento jurídico interno a las disposiciones de la Convención Americana, a fin de que se garantice plenamente a todos los ciudadanos chilenos, incluidas las víctimas en el presente caso, el ejercicio de su derecho a votar y a ser elegidos en condiciones generales de igualdad".

Los nueve senadores designados dan la mayoría a la derecha en la Cámara alta, lo que le confiere en la práctica un poder de veto a las reformas democráticas del aparato de Estado heredado de la dictadura.

El presidente electo, Ricardo Lagos, ha expresado su voluntad de buscar consenso para dichas reformas, pero la oposición de derecha ya ha adelantado que los asuntos políticos no son una prioridad en Chile.

Con un mandato de ocho años, estos nueve parlamentarios no elegidos son cuatro comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas designados por el Consejo de Defensa Nacional (Cosena); dos exmiembros de la Corte Suprema, a los que nombra esta misma institución; un excontralor general de la República; un exministro de un Gobierno anterior; y un exrector de la universidad, éstos, designados por el presidente de la República.

El fallo de la Comisión Interamericana es la respuesta a la denuncia presentada en enero de 1998 por 11 destacados abogados chilenos, entre los que se encuentran antiguos parlamentarios, ministros, embajadores y miembros del Tribunal Constitucional. El Estado chileno, a través de la cancillería, opuso como defensa que la denuncia no aborda un tema específico de derechos humanos, sino cuestiones jurídicas y políticas que escapan al mandato de la comisión, y que, finalmente, la materia debatida es propia del ámbito interno chileno.

Carácter corporativo

Tras dos años de debates y réplicas, se ha difundido el informe definitivo de la comisión, que subraya, además, el carácter corporativo de los senadores designados, y que compara la citada figura con los "supuestos teóricos" de sociedades como "el Portugal de Oliveira Salazar, la Italia de Mussolini o la España de Franco".

El abogado Roberto Garretón, uno de los 11 firmantes de la denuncia, dijo ayer a este diario que "es la resolución más importante adoptada por la comisión desde su fundación, en 1959, porque consagra la vinculación indisoluble entre democracia y derechos humanos, elevando el concepto de democracia a categoría de derechos humanos".

La recomendación tiene eminentemente un valor simbólico, por cuanto aborda una de las herencias de la dictadura más criticadas en Chile, aunque podría tener consecuencias si, ante una negativa del Estado chileno, la comisión elevara el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.