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Reportaje:

EUROPA DEBATE LA GRAN FRONTERA

La Comisión pretende que los Quince definan en cinco años una política común de inmigración

Bruselas
El reciente informe de la ONU que sostiene que, de mantenerse el actual declive de nacimientos y ritmo de envejecimiento de la población, Europa va a necesitar importar en los próximo 25 años cerca de 160 millones de trabajadores extranjeros para paliar la falta de mano de obra, ha vuelto aún más acuciante la necesidad de una política común sobre el tema. Buena parte de la credibilidad democrática de la Unión Europea en los próximos años se jugará en el tratamiento de la población extracomunitaria. Sin embargo, pese al principio de acuerdo alcanzado el pasado octubre en Tampere, cada uno de los principales países receptores de inmigrantes de la Unión Europea aborda el problema a su manera.

En los próximos cinco años, la UE, ampliada a aquellos países candidatos que hayan logrado entrar, necesitará haber construido una estrategia común inmigratoria, de la que ahora carece, sostienen fuentes de la Comisaría de Justicia e Interior europea (JAI, en sus siglas en inglés), que dirige el portugués António Vitorino. "La política inmigratoria tendrá que ser global y apoyarse en tres pilares: relaciones con países terceros, control del flujo migratorio y la reabsorción de residentes extracomunitarios en los países de la UE", opina un alto funcionario."El gran reto es que lo acordado en la cumbre de Tampere, el pasado octubre, por los jefes de Gobierno sobre medidas de asilo, fronteras externas e inmigración se concrete y se aplique no más tarde del 1 de enero de 2005", señala un alto funcionario de la JAI. Los líderes europeos decidieron en esa ciudad finlandesa dar luz verde al futuro espacio de libertad, seguridad y justicia en Europa. Traducir todo ello en un único reglamento de aplicación no será fácil. Pero tampoco lo fue el Acuerdo de Schengen sobre la supresión de fronteras, que empezó a aplicarse gradualmente a partir del 26 de marzo de 1995, 10 años después de haber sido suscrito, recuerdan otras fuentes.

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Lucha contra el racismo

Los expertos europeos trabajan después de la Cumbre de Tampere sobre un listado de mecanismos concretos relativos a la inmigración extracomunitaria para su aprobación posterior por el Consejo en un plazo que se extiende entre los años 2000 y 2004. Algunos de esos mecanismos deberían ponerse en marcha lo más rápido posible y traducirse en políticas de intensificación de la lucha contra el racismo y la xenofobia, con la elaboración de programas nacionales, o la protección de personas desplazadas.

La armonización de políticas en algunos capítulos se ha desarrollado de manera muy concreta, aun cuando hay algunos Gobiernos que dificultan su aplicación. Es el caso del programa Eurodac para la identificación de solicitantes de asilo a través de la huella digital, que debería ser aprobado el año próximo, y que enfrenta la resistencia de España y el Reino Unido por el contencioso de Gibraltar. Es necesario definir mejor el concepto de refugiado político después del flujo de personas que provocó la guerra de los Balcanes y diferenciar al asilado político del expatriado económico. Existen ya dos propuestas concretas de la Comisión para el establecimiento de un fondo europeo para los refugiados y medidas para la reagrupación de familias de refugiados.

El problema más grave es, en cualquier caso, cómo vencer las resistencias que el creciente y necesario flujo inmigratorio encuentra en los Estados nacionales y, por tanto, en sus políticas. Los expertos comunitarios estudian ese problema y no ocultan que, llegado el caso, será necesario imponer una política más amplia de cuotas de entrada. Pero no se arriesgan a decir cómo.

Mientras tanto, el Acuerdo de Schengen dista bastante de funcionar satisfactoriamente y muchos expertos reconocen la necesidad de reformarlo para armonizar mecanismos y exigir que los países firmantes argumenten de forma más sólida la interrupción temporal del mismo cada vez que se sientan obligados. El artículo 2 del acuerdo contempla una cláusula de salvaguardia según la cual un Gobierno puede restablecer "durante un periodo limitado" controles fronterizos "si el orden público o la seguridad nacional así lo exigen". Francia invocó esa cláusula el 1 de julio de 1995, a raíz de los atentados terroristas islámicos en el metro parisiense, y desde entonces mantiene la vigilancia en parte de sus fronteras con Alemania y Bélgica para prevenir el tráfico de estupefacientes.

Más confusa ha sido la actitud belga de implantar desde el pasado lunes controles fronterizos por tierra, mar y aire, ligando esa medida a la de regularización de población ilegal extracomunitaria. El Gobierno argumentó que su temporal salida de Schengen obedecía al temor de un masivo ingreso de ilegales por parte del crimen organizado. Bruselas informó a la Comisión Europea de que iba a invocar la cláusula de salvaguarda el mismo día de su aplicación. No hubo ninguna violación a la letra del tratado, pero la argumentación no estuvo completamente justificada, opinan fuentes de la JAI.

Los extracomunitarios que se encuentran en situación ilegal en Bélgica tienen un plazo de tres semanas, desde el pasado día 10, para regularizar su situación, siempre que prueben que están en el país desde antes del pasado octubre. Entre 70.000 y 80.000 sin papeles se estima la cifra de población ilegal en Bélgica. Entre ellos se encontraba hasta hace poco un albanés, intérprete en los tribunales de justicia, sin que las autoridades hubieran puesto ninguna pega, lo cual dice poco de la férrea burocracia bruselense. La cifra total de indocumentados en todo el territorio de la UE es algo sobre lo que la Comisión Europea declina comentar.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 16 de enero de 2000