Las razones de socialistas y populares

El acuerdo que fue posible in extremis en Vizcaya, cerrado verbalmente en los pasillos de las Juntas entre PNV-EA y EH cuando se discutía el presupuesto, no lo ha sido en Guipúzcoa, la segunda diputación que se va a ver obligada a prorrogar sus cuentas.El grupo de EH puso una condición que el equipo de gobierno de Sudupe no estaba dispuesto a aceptar: que las pensiones no contributivas superasen de forma inmediata la barrera de las 50.000 pesetas mensuales y que ésta cantidad se abonase en 14 pagas. Eso suponía un incremento de 271 millones de pesetas sobre el presupuesto presentado, que asciende globalmente a 434.000 millones, de ellos 77.234 de gestión propia.

El acuerdo fue imposible pese a las intensas negociaciones de última hora y el proyecto fue devuelto al equipo de gobierno. Tan sólo contó en la votación general (se habían presentado tres enmiendas a la totalidad, de EH, el PP y los socialistas) con los 19 votos favorables de los partidos de gobierno, frente a los 28 en contra de toda la oposición. Se registraron dos votos nulos.

Los abertzales reclamaban que el acuerdo sobre las pensiones se plasmase por escrito y para ello mostraron un documento que recogía su demanda a falta de ser rubricado por PNV y EA. El gesto no fue bien aceptado por el Gobierno foral que, sin embargo, intentó reconducir la situación y lograr un cambio en la posición de EH hasta el mismo momento de la votación. La coalición de gobierno entregó a los junteros de EH un texto en el que figuraba el compromiso de una partida de 271 millones destinada a las pensiones no contributivas. Pero su aplicación se condicionaba al debate sobre la Carta de Derechos Sociales que tiene previsto celebrar el parlamento de Vitoria en el mes de febrero.

No fue suficiente para EH, para la que no era el momento de "aparcar la adopción de soluciones". "Si quieren acuerdo, acepten nuestra propuesta", advirtió el portavoz de la formación, Xabier Olano. La falta de consenso dejó en agua de borrajas el principio de acuerdo que el equipo de gobierno foral y EH habían suscrito hace unas semanas.

Sin dinero para Udalbiltza

En esas conversaciones previas se habían consensuado acuerdos puntuales, como destinar una partida de 64 millones de pesetas a Udalbitza, la asociación de municipios nacionalistas, e incrementar en 350 millones de pesetas el gasto destinado al euskera. Ninguna de estas cuestiones se materializará por el momento.

La prórroga presupuestaria obligará al equipo de Sudupe, dada su situación minoritaria, a negociar todas las nuevas partidas con la oposición.

Sudupe se mostró muy crítico con quienes se han negado a prestarle el apoyo. "Desde nuestra óptica", dijo tras la votación, "ha faltado voluntad y madurez política por parte de Euskal Herritarrok". El diputado general achacó la postura de esta formación a una "falta de cultura política a la hora de entender que en una negociación todas las partes deben tener clara la voluntad de ceder en algo y que el pretender imponer dogmas inamovibles es cerrar la puerta al acuerdo".

Sudupe apeló al carácter nacionalista de EH y advirtió que las mejoras planteadas en las cuentas forales eran "construcción nacional de la buena, de la que viven y sienten los ciudadanos en su vida cotidiana. A eso EH ha dicho que no".

No menos duras fueron las palabras que dirigió a socialistas y populares, que, a su juicio, se "encasillan en una política frentista de ver lizarras por todas partes o se agarran a enmiendas maximalistas e irrealizables que no translucen sino demagogia".

El diputado general recalcó que la no aprobación de los presupuestos "significa la paralización de 17.000 millones de pesetas" y acusó a EH de pretender "forzar la situación" para obligar a poner una pauta para el debate sobre la Carta de Derechos Sociales. Sudupe agregó que no es la primera vez que el equipo de gobierno foral se enfrenta a una legislatura en minoría. "Aunque hay que hacer más esfuerzos", manifestó, "intentaremos lograr lo mejor para los guipuzcoanos".

Xabier Olano le replicó con los esfuerzos que ha hecho su grupo en busca de un consenso. Sin embargo, dejó abiertas las puertas a negociaciones futuras. "Tendrá que haber reuniones y muchas horas de trabajo hasta conseguir un acuerdo". Las cuentas rechazadas incrementaban en un 30% el capítulo destinado a la inversión.

Los cerca de 5.000 beneficiarios de pensiones no contributivas de Guipúzcoa, ajenos al debate político que se estaba celebrando ayer en el Parlamento provincial, tendrán que esperar al próximo mes de febrero para comprobar si los partidos políticos se ponen de acuerdo en subir o no su asignación mensual y en cifrar una cantidad que les satisfaga a todos. El equipo de gobierno foral proponía conceder 14 pagas de 46.633 pesetas a los beneficiarios del Fondo de Bienestar Social, de la LISMI y de las pensiones no contributivas, un incremento del 87% en los dos primeros casos y de un 22,48% en los dos últimos. Las asignaciones a este tipo de prestaciones permanecían congeladas desde 1991.

Las 14 pagas del salario social que Euskal Herritarrok planteaba son las mismas que permitieron a última hora desbloquear la negociación en Vizcaya y que los presupuestos de este territorio fuesen aprobados por la mayoría nacionalista el pasado día 23.

El equipo de gobierno que encabeza Román Sudupe planteó el pasado mes de octubre esa espectacular subida de las pensiones, una decisión que motivo de inmediato el anuncio del Gobierno central de que la recurriría en los tribunales si llegaba a ser aprobada. Un trámite que ahora se ahorrará el Ejecutivo de José María Aznar. Incluso el Parlamento de Vitoria planteó, con el voto del PNV y de Eusko Alkartasuna, que el incremento general sea inferior al propuesto en Guipúzcoa.

La cantidad que se abonaría, según los cálculos del Parlamento vasco, a los receptores de este tipo de prestaciones sería de 12 pagas de 46.133 pesetas y otras dos de 40.255. La propuesta guipuzcoana iba más allá al plantear una subida generalizada de las pensiones no contributivas sin exigir ningún requisito e independientemente de la edad de los receptores. Con la iniciativa planteada por el Parlamento, el 20% de los pobres de Guipúzcoa se quedaría al margen de estas medidas.

En el País Vasco existen aproximadamente 11.000 ciudadanos perceptores de pensiones no contributivas, la mayoría de ellos, mayores de 65 años. Unos 5.000 viven en Guipúzcoa dependiendo de la asignación que les concede la institución foral. Cerca de 3.000 familias malviven con un subsidio de 37.960 pesetas al mes y el resto no llega a percibir ni tan siquiera 25.000 pesetas.