La oposición venezolana denuncia a Chávez por saquear las instituciones

La residual oposición venezolana clama al cielo denunciando que durante el saqueo de las viviendas y comercios del litoral inundado se cometió otro a las instituciones del Estado. La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) designó, según los denunciantes, al nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), fiscal general de la República, controlador general (Tribunal de Cuentas), Defensor del Pueblo, Consejo Nacional Electoral (CNE) y miembros de un Congresillo de transición, todos afectos al presidente, Hugo Chávez.

La dirección de la ANC atribuye los nombramientos a la legalidad vigente y a la honorabilidad y decencia de sus titulares, y promete convertir lo que era un poder judicial corrupto en un modelo para América Latina. "El país no votó para que los altos funcionarios del Estado fueran nombrados a dedo por el cogollo (cúpula) más exclusivo y excluyente que conoce la historia política reciente, compuesto por la directiva de la Asamblea en contacto telefónico con el presidente Chávez", protesta el diputado constituyente de oposición Allan Brewer Carías.La Asamblea Nacional Constituyente fue elegida el 25 de julio, y 121 de sus 131 escaños son ocupados por militantes o independientes afines a la coalición gubernamental Polo Patriótico. No ha perdido el tiempo. A partir del día 15, fecha en que se aprobó la nueva Constitución en referéndum e irrumpieron las inundaciones en la cornisa con el mar Caribe, la ANC aceleró el desembarco de los suyos en cargos e instituciones copadas antes por un bipartidismo que se alternó en el Gobierno, y en la corrupción, durante 40 años.

La propiedad de la justicia parece haber cambiado de manos en nombre de la limpieza en su aplicación. El Polo Patriótico, coherente con los objetivos marcados en campaña, y a caballo de las sucesivas victorias electorales, procede a la ocupación de las instituciones con políticos y profesionales abrazados desde hace años a la causa convencidos de que sin los resortes del poder en sus manos los cambios estructurales exigidos por esta nación petrolífera de 22 millones de habitantes, el 80% en la pobreza, no serán posibles.

La ANC, cuya creación fue aprobada en el referéndum del 25 de abril, se proclamó desde el principio originaria, esto es, no subordinada a los poderes emanados del derrotado régimen bipartidista y de la Constitución de 1961, que fue sustituida por la Carta Magna redactada por la ANC. El rupturista contrato social aprobado hace dos semanas sólo faculta a la ANC, según destaca la oposición, para dictar la Ley del Distrito Capital (la división administrativa que sustituye al Distrito Federal en Caracas), y designar provisionalmente al Defensor del Pueblo.

Violar la Constitución

"La Asamblea violó la propia Constitución de 1999 antes de comenzar a aplicarla", agrega el constitucionalista Brewer. "Ésta no es la democracia participativa que todos queremos y ellos prometieron. Desconociendo las excelsas normas de la nueva Constitución sobre el nombramiento de comités de postulaciones con participación de la sociedad civil, sin los necesarios y exhaustivos estudios sobre currículos, de un solo golpe han nombrado a dedo".

La ANC, por otra parte, alumbró un Congresillo con funciones legislativas menores, de transición, hasta las elecciones generales del año próximo. Diez representantes de la sociedad civil integrarán ese Parlamento en miniatura. Pero como no fueron electos popularmente, agrega el pliego de cargos, no pueden integrar el Poder Legislativo.

Claudio Fermín, también diputado opositor, considera insólito que, inmerso el país en una desgracia natural sin precedentes, y al amparo del despiste social propio de las fiestas navideñas, "se aproveche una pequeña triquiñuela de procedimiento, como es no haberse publicado aún la nueva Constitución, para extender la condición de supraconstitucional (por encima de toda norma) de la Asamblea". El nuevo fiscal general de la República, Javier Elechiguerra, niega que las nuevas autoridades del Poder Judicial estén comprometidas con Chávez, aunque sí admitió su alistamiento con los cambios institucionales derivados de la nueva Carta Magna, el instrumento requerido por Chávez para refundar una nueva república desde las cenizas de la anterior.

"En los últimos 40 años no ha habido una corte (Tribunal Supremo de Justicia) más honorables que ésta, con gente que no está vinculada al Gobierno. El 80% son gente que yo conozco, y de primera categoría", subrayó Manuel Quijada, presidente de la Comisión de Emergencia Judicial de la Asamblea Constituyente. Probablemente lo sean, señalan las fuentes consultadas, pero su expeditiva designación, el arrumbamiento de la discrepancia, hace temer la formación de trincheras en Venezuela y el preocupante encrespamiento de los sectores sociales y políticos, y minorías, que se consideran agredidos y temen la consolidación de la dictadura del proletariado.