Varas de medir

EN 1997, el Gobierno del PP lanzó acerbas críticas contra sus antecesores socialistas por un supuesto agujero en los Presupuestos Generales del Estado de 721.000 millones de pesetas. Con gran pompa anunció el vicepresidente Rato la aprobación de leyes y normas presupuestarias que iban a impedir en el futuro el desbordamiento incontrolado de los gastos y a imponer una estricta disciplina a los créditos extraordinarios. Dos años después, el Tribunal de Cuentas dictamina en su informe sobre los Presupuestos de 1997, los primeros gestionados íntegramente por el PP, que hay 466.000 millones "mal contabilizados, indebidamente periodificados o sin contabilizar"; es decir, unos criterios similares a los que sirvieron para calificar de agujero los dineros presupuestarios mal contabilizados por los Gobiernos de González.El Ministerio de Economía ha negado oficialmente la existencia de un agujero presupuestario; pero si no lo son los 466.000 millones mal contabilizados en 1997, tampoco lo eran los 721.000 millones denunciados por Rato en 1996; porque, aunque la naturaleza de las distracciones contables sea distinta, su objetivo es el mismo: maquillar el déficit público mediante argucias contables. Y, si bien es cierto que los Gobiernos entre 1982 y 1996 practicaron profusamente el deporte de despejar hacia el año siguiente gastos sin contabilizar -como, por otra parte, era moneda común en sus predecesores-, también lo es que el equipo económico actual ha alcanzado fronteras de contabilidad creativa difíciles de superar. Baste recordar la inversión en infraestructuras que se paga a la conclusión de la obra, la sustitución del endeudamiento de las empresas públicas por avales o la utilización del dinero ingresado por privatizaciones para financiar el grupo empresarial público y evitar que las pérdidas de las empresas ruinosas aparezcan en el Presupuesto.

El Gobierno ha utilizado dos varas de medir las irregularidades presupuestarias: las de sus antecesores eran un agujero, y las propias, meras discrepancias contables. Lo más inquietante es que, a pesar de sus promesas de autocontrol del gasto, las cuentas públicas siguen ofreciendo un grado de discrecionalidad inaceptable cuando se han adquirido en el altar del euro compromisos de estabilidad presupuestaria. El Ministerio de Economía, como demuestra el Tribunal de Cuentas, no ha acabado con la arbitrariedad; simplemente la ha cubierto con un nuevo disfraz.