Los industriales de la madera exigen al Gobierno ayudas para certificar un producto más ecológico

Los empresarios del sector de la madera son conscientes de que cada vez un mayor número de clientes va a exigirles no sólo que sus métodos de producción sean respetuosos con el medio ambiente sino que la materia prima que usan provenga de bosques gestionados bajo criterios de sostenibilidad. En el marco de Fimma-Maderalia, que hasta el sábado reúne a 1.462 expositores en Feria Valencia, los industriales exigieron ayer al Gobierno un decidido apoyo económico para implantar un sistema de certificación forestal, con serios controles y auditorías, que minimice los costes ecológicos, sociales y económicos.

El problema de la desforestación de la Tierra es un tema harto anunciado al que la organización internacional ecologista Greenpeace le puso recientemente cifras: "Con los ritmos actuales de explotación forestal industrial, Greenpeace calcula que alrededor de 10 millones de hectáreas se deterioran o se destruyen cada año -lo cual equivale a la superficie de un campo de fútbol cada dos segundos-".Empresas madereras sin escrúpulos protegidas por gobiernos poco exigentes arrasan cada año con masas forestales de inmenso valor ecológico. Por todo el planeta con dos grandes problemas derivados: la pérdida de biodiversidad, con la desaparición de especies antes incluso de que lleguen a clasificarse, y un peligro para la atmósfera (los árboles además de liberar oxígeno fijan como materia orgánica el CO2 que causa el efecto invernadero). Bajo este prisma, Greenpeace hasta llegó a calificar la anterior feria del mueble como "escaparate de la deforestación".

Y ante esta situación, los empresarios del sector son conscientes de que cada vez más clientes exigirán que los productos vengan de bosques bien gestionados.

"El debate está abierto entre los silvicultores y los industriales que transforman la madera", aseguró ayer Francesc Pons, secretario general de la Confederación Nacional de Empresarios de la Madera (Confemadera), que organiza las I Jornadas sobre certificación de la madera.

El 30% entra por Valencia

No en vano, los empresarios son conscientes de que España es el segundo país de Europa que más madera importa (por un valor de 137.946 millones de pesetas). Y de ese volumen de madera, el 30% entra por el puerto de Valencia. Por eso, en la reunión de ayer los industriales coincidieron en pedir al Gobierno ayudas para implantar la certificación forestal. La certificación de la madera exige controles desde que la materia está en el bosque hasta que llega al hogar en forma de mesa de comedor o parqué del salón. En la gestión de los bosques hay que cumplir escrupulosamente unas normas que implican respetar los árboles hasta que tienen una edad, no talar más del 70% de lo que el bosque produce (éste crece un 30% anualmente), reforestar antes de dos años... Y la custodia de la producción, también mediante auditorías, fiscaliza esa madera certificada para que las empresas no blanqueen como madera controlada otra materia prima de dudoso origen.

El problema es que los sistemas de certificación se multiplican como hongos. Aún así, sólo dos cuentan en Europa con un respaldo generalizado: el Paneuropeo-PEFC, auspiciado por silvicultores e industriales de países concienciados, y el FSC, respaldado por grupos ecologistas.

"Es absolutamente horroroso lo que está pasando en el planeta, o nos lo tomamos en serio o dentro de 50 años la situación será catastrófica", aseguró ayer Fernando Roselló, de WWF-Adena, la organización que se encarga de la certificación FSC. Precisamente ayer, Roselló explicó que una empresa de Crevillent, Puertas Luvipol, SA, es la primera de España que está acreditando sus productos con madera certificada.