Suiza reducirá por ley en un 10% sus emisiones de gases de invernadero sin esperar al Protocolo de Kioto

Suiza aprobó ayer una ley para reducir sus emisiones a la atmósfera de dióxido de carbono en un 10% en el 2010 respecto al nivel de 1990. La ley prevé la introducción de tasas sobre las emisiones en caso de que no se alcance el objetivo con las medidas planeadas de eficacia y ahorro de combustibles. El porcentaje de reducción de emisiones fijado para Suiza en el Protocolo de Kioto, acuerdo internacional para hacer frente al cambio climático global, es de un 8%, igual al de la UE. Prácticamente ningún país ha adoptado un objetivo específico para cumplir el Protocolo, que aún no ha entrado en vigor.La nueva ley helvética, inscrita en un abanico amplio de iniciativas energéticas, se dirige de modo específico a los combustibles fósiles para generar calor y para motores, con objetivos diferenciados del 15% y el 8%, respectivamente, explicó la semana pasada en Bonn Philippe Roch, secretario de Estado y director de la Agencia suiza para el Medio Ambiente, durante la Conferencia de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

"Animamos al sector empresarial y a los particulares a que contribuyan voluntariamente a lograr estos objetivos", comentó Roch. En caso de que el seguimiento de emisiones del país indique que no se cumplen las previsiones, se introducirían las tasas sobre combustibles (tras su aprobación parlamentaria) no antes del 2004. La tasa planeada supone 210 francos suizos por tonelada de dióxido de carbono emitido, lo que corresponde a medio franco suizo (52 pesetas) por litro de gasolina. El dinero recaudado revertiría directamente en la sociedad -dedicándose a programas como hospitales o escuelas- y al sector empresarial, con un incentivo para las energías renovables.

Según los responsables suizos, los estudios indican que la nueva ley no tiene por qué tener impacto negativo en la actividad económica nacional o exterior de país, aunque algunos sectores especialmente dependientes de las emisiones de carbono pueden sufrir repercusiones adversas. Las proyecciones económicas apuntan que la ley puede ser beneficiosa al incentivar el desarrollo e implantación de nuevas tecnologías.