La Fiscalía recurre el auto de Garzón contra 98 militares argentinos

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido el procesamiento y la orden internacional de busca y captura de los 98 militares argentinos decretados por el juez Baltasar Garzón, al que ha pedido que archive la causa por falta de competencia de la jurisdicción española. La Fiscalía reitera su posición de que los delitos cometidos por las juntas militares entre 1976 y 1983 no pueden encuadrarse como delitos de genocidio, terrorismo y torturas, por más que se trate de crímenes contra la humanidad. El fiscal pide a Garzón que levante las imputaciones y medidas cautelares dictadas.

El fiscal aduce que la resolución de Garzón contradice el principio de "cosa juzgada", ya que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y la Cámara Federal condenaron a Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti y, posteriormente, a militares de menor rango, lo que dio lugar a la promulgación de la Ley de Punto Final en 1986 y la de Obediencia Debida -ambas actualmente derogadas-, seguidas de una serie de indultos firmados por el presidente de la República.Según la tesis de la fiscalía, se trata de "una serie de medidas jurídicas internas argentinas, adoptadas por un Parlamento elegido democráticamente para extinguir la responsabilidad criminal para la mayoría de los crímenes cometidos durante el periodo de las juntas militares".

Sobre el delito de genocidio, la fiscalía reitera que "los destinatarios de aquella inaceptable actuación encaminada a la eliminación de cualquier forma de disidencia, pertenecían a todos los estratos sociales, participaban de muy variada ideología y tampoco tenían en común una única etnia o la misma creencia religiosa". "Esta destrucción cívica es un crimen contra la humanidad, pero no un delito de genocidio", agrega el fiscal.

Respecto al delito de terrorismo, indica que tampoco se puede aplicar retroactivamente, ya que antes de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 no figuraba entre los delitos de persecución universal.

Por su parte, el militar arrepentido Adolfo Scilingo se desdijo ayer ante el juez Baltasar Garzón de haber participado en los "vuelos de la muerte", en los que se arrojó a personas sedadas desde aviones al Atlántico, y atribuyó sus declaraciones de 1997 sobre los métodos de tortura contra embarazadas en al Escuela de Mecánica de la Armada al "fruto de una conspiración" instigada por la Defensoría del Pueblo, sus exabogados argentinos, el propio juez Garzón y varias acusaciones. Scilingo, según Efe, dijo que, "por razones humanitarias, accedió a venir a España y mentir en el juzgado". Según las acusaciones, este cambio de actitud de Scilingo no perjudica la investigación, porque sus primeras declaraciones las hizo con todas las garantías.