EE UU fijará un plazo para que Sol Meliá deje uno de sus hoteles en Cuba

El Departamento de Estado enviará una notificación a Sol Meliá dándole un plazo de 45 días para abandonar Cuba o llegar a un acuerdo privado con su demandante, la familia Sánchez, según informó ayer el abogado de esa familia, Nicolás Gutiérrez, quien aseguró que se va a proceder igual con las otras empresas extranjeras que explotan negocios en terrenos expropiados a los Sánchez. La propiedad de Sol Meliá afectada por la demanda, una de las 14 que la cadena hotelera tiene en Cuba, se sitúa en la provincia de Holguín.

La empresa alemana LTI y la canadiense Air Transat (propietaria de Delta Hotels) podrían recibir una misiva similar a la que "en unas semanas" recibirá la compañía española.La carta en que contiene el ultimátum será enviada a Sol Meliá "en unas semanas", según confirmaron fuentes estadounidenses. La respuesta de Sol Meliá al conocer los planes del Departamento de Estado fue rápida y contundente: un portavoz de la empresa dijo que sus negocios en Cuba están respaldados por el derecho internacional y rechaza negociar con la familia Sánchez, en cuyos terrenos de la provincia de Holguín, expropiados durante la revolución cubana, se asienta uno de los 14 hoteles que Sol Meliá tiene en la isla, el Río de Mares.

Según un portavoz de la cadena hotelera, el Departamento de Estado "ha negado expresamente hoy [por ayer] en Washington a los representantes de Sol Meliá la emisión de una carta indicando la advertencia de la imposición de sanciones derivadas de una presunta violación de la ley Helms-Burton". Pero a las siete de la tarde (hora peninsular española), un portavoz de la Oficina de Asuntos Europeos del Departamento de Estado norteamericano confirmó a Europa Press que "en las próximas semanas" enviará dicha carta a Sol Meliá.

Legalidad europea

La empresa española sigue remitiéndose a la legalidad de sus actividades y al acuerdo EEUU-Unión Europea, por el que Washington se comprometía a no sancionar a empresas europeas por incumplimiento de la ley Helms-Burton.

Además, Sol Meliá recuerda que la legislación comunitaria, desde 1996, impide a las compañías privadas de la UE colaborar con instituciones extranjeras que pretendan aplicar leyes extraterritoriales, en este caso la ley Helms-Burton. Este último punto hace imposible el acuerdo privado con la familia Sánchez. Al no haber recibido aún la comunicación de Washington, la empresa no ha convocado a su consejo de administración.

Fuentes del Departamento de Estado norteamericano afirmaron ayer que "continúan trabajando sobre la aplicación del título IV de la Ley Helms-Burton", que, una vez enviada la carta, habrá superado el "plazo de revisión" en el que dormitaba el caso y aplicará sanciones concretas. Para la Administración norteamericana "45 días es un plazo razonable, porque así lo determina la Ley".

El hotel que tiene la cadena española en Bahía Naranjo, y los establecimientos de LTI y Air Transat en Playa Guardalavaca, son los tres complejos turísticos a los que hacen referencia las cartas que Washington va a enviar, ya que todos se levantan sobre terrenos que un día fueron de la familia Sánchez.

Las sanciones que podrían recaer sobre Sol Meliá son las que recoge el título IV, por el cual el Estado puede denegar el visado a los ciudadanos relacionados con las expropiaciones de norteamericanos en Cuba a partir de 1959. Así, las fuentes consultadas señalaron que Washington podría retirar los visados a todos los miembros del consejo de administración y altos directivos de Sol Meliá, a sus cónyuges e hijos menores.

El presidente de la Federación Hotelera de Mallorca, Pere Cañellas, reiteró ayer su apoyo a Sol Meliá y su absoluto rechazo a la ley Helms-Burton tras conocer el ultimátum que EEUU planea enviar a la cadena hotelera. Cañellas manifestó que desde la Federación Hotelera están "absolutamente a favor de la economía de libre mercado y por lo tanto en contra de cualquier ley intervencionista". El presidente de la Agrupación de las Zonas Turísticas de España, Felipe Gaspart, calificó de "chantaje" la "amenaza" de Washington.