Dimisión a tiempo

La dimisión, ayer, forzada o voluntaria, del recién nombrado presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Alejando Pedrós, responde a elementales exigencias de sensatez y de coherencia en la vida política e institucional. Era políticamente impresentable, tanto desde el punto de vista ético como estético, que un acusado de fraude a la Hacienda pública estuviera al frente de la más alta institución financiera del Estado. Fue una ligereza imperdonable nombrarle para un cargo de tanta relevancia con semejante desconocimiento de su trayectoria profesional. Pero, una vez cometido el error, hay que elogiar la rapidez en la corrección por parte del ministro de Economía y Hacienda.Durante las horas inmediatas a la publicación por este diario de que el nuevo presidente del ICO estaba imputado en un proceso penal incoado por Hacienda, el afectado dijo primero que desconocía tal cosa y se aferró luego a la presunción de inocencia para justificar su derecho a no renunciar al cargo público para el que había sido nombrado. De nuevo, como en otros casos, el derecho a la presunción de inocencia, que tiene su razón de ser en el proceso, se enarbola como arma de inocencia política. Pero salta a la vista que, de haberse conocido la existencia de una acusación penal, no se hubiera producido el nombramiento. Alguien con autoridad para ello ha debido convencer a toda prisa a Pedrós de que su posición era insostenible y que no tenía otra salida que la dimisión.

No es la primera vez que personas con trayectorias profesionales discutibles llegan a cargos importantes. El caso de Luis Roldán, que se inventó un completo y falso currículo académico, es el más significativo, pero no el único. Como en el caso del ex director general de la Guardia Civil, cabe pensar que ni el Gobierno ni su portavoz conocían el sumario en el que está acusado Pedrós. Resulta impensable que, de haberlo sabido, Piqué elogiara los "suficientes méritos propios" de su antiguo profesor de Hacienda Pública, como lo hizo el viernes al anunciar su nombramiento por el Consejo del Ministros. Pero desconocer un sumario instruido a petición de Hacienda, a quien representa un abogado del Estado en el procedimiento judicial, es en sí mismo un grave error. Lo más benévolo que puede decirse en este caso es que el Gabinete ha estado en Babia. Y eso tiene un alto coste en política.