La herida abierta

UNA DE las pruebas de que la comisión parlamentaria que investigó el escándalo del lino se cerró en falso es que periódicamente aparecen nuevas pruebas que demuestran la existencia de una red de cazaprimas que percibían las subvenciones de la Unión Europea, falsificando las cantidades de lino transformado. El PP, con la ayuda de CiU, dio un apresurado carpetazo a la comisión y las consecuencias de esa maniobra política se están multiplicando. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto su propio expediente, la ex ministra de Agricultura Loyola de Palacio fue duramente interrogada en el Parlamento Europeo sobre su conducta política en el caso y ahora el Gobierno de Castilla-La Mancha ha iniciado los trámites para cerrar tres plantas transformadoras -una de ellas, propiedad de Nicolás López de Coca, uno de los altos cargos de Agricultura, junto con Gonzalo Ruiz Paz, que tuvo que dimitir- debido a las "gravísimas irregularidades" que se han descubierto en las certificaciones de transformación, y ha pedido a la UE que pague tan sólo el 25% de las ayudas previstas para el lino en la región, las que priman la producción, y no desembolse las ayudas a la transformación.Las conclusiones de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha confirman las sospechas de un sistema extendido de fraude consistente en certificar transformaciones muy superiores a las reales. En el informe aparecen documentados casos de fraude, tan pintorescos como la certificación de cantidades de lino transformado sólo posible con jornadas de producción de 41 horas diarias, o la transformación de partidas supuestamente quemadas en incendios anteriores. La quema de depósitos de lino era una excusa para justificar la ausencia del transformado.

A la vista de sus conclusiones -que se trasladarán a la Fiscalía Anticorrupción-, el Gobierno de Bono ha actuado correctamente al proponer el cierre de las plantas y en cortar el flujo del dinero comunitario. Ni pueden mantenerse en operación fábricas sobre las que pesan evidencias de estafa ni se debe hacer la vista gorda para que los cazaprimas sigan apropiándose de fondos europeos. Dice el PP que tales medidas convierten a todos los cultivadores del lino en "presuntos delincuentes". Se equivoca. Los responsables de que los agricultores que cumplen resulten perjudicados son los "agricultores a tiempo parcial" que desde sus despachos en el ministerio percibían subvenciones por operaciones de transformación inexistentes, realizadas desde transformadoras como las que ahora hay que cerrar. Son quienes deben afrontar la ira de los cultivadores honrados.