Reformas en lista de espera

Las universidades empiezan el último curso de la legislatura sin que el Gobierno haya abordado algunos de los grandes problemas de la educación superior. Con el ruido de reformas menores se han tapado reclamaciones importantes, como la financiación necesaria para paliar las carencias de las universidades (de unos 400.000 millones de pesetas) y la modificación de la Ley de Reforma Universitaria (LRU). Ésta debe servir para replantear las funciones del Consejo de Universidades y reformar la estructura del profesorado. La creación de un distrito único -del que recelan los nacionalistas-, los cambios en la selectividad -que no convencen a los rectores- y la regulación provisional del profesorado centrarán en los próximos meses el trabajo del equipo de Mariano Rajoy.

Las inauguraciones de los dos pasados cursos tuvieron un denominador común: las críticas de los rectores al Gobierno por "carecer de política" y "entorpecer la actividad universitaria" por no promover la reforma de la LRU y un pacto nacional para mejorar la financiación de las universidades.Este año, los rectores aún no se han manifestado (hoy se reúne la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas en la Carlos III de Madrid), pero sus principales peticiones de otros años siguen sin respuesta y las que ya se han abordado, como los retoques a la selectividad que se aprobarán en octubre, no cuentan con su aprobación.

El próximo mes será definitivo para el Gobierno. Si consigue llegar a los acuerdos necesarios,tendrá tiempo de aprobar un par de proyectos, aunque no entrarán en vigor en esta legislatura. Los temas pendientes son prácticamente una fotocopia de los de años anteriores:

Ley de Reforma Universitaria.

Los rectores llevan toda la legislatura reclamando un cambio profundo en la Ley de Reforma Universitaria (LRU) de 1983. En esta legislatura, el Gobierno no ha presentado ningún proyecto de modificación general de la ley, pero sí diversos de reforma de su título V, que hace referencia al profesorado. En ellos se definían nuevas figuras docentes (profesor contratado doctor y profesor colaborador) y se proponía cambiar el sistema de oposiciones. Los enfrentamientos de los responsables de las universidades con la anterior ministra, Esperanza Aguirre, y la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios retrasaron el cambio.

Regulación del profesorado.

En vez de retomar la modificación del título V de la LRU, el equipo de Rajoy ha preferido hacer un retoque que no necesita la aprobación de las Cortes, la regulación del profesorado no numerario por medio de un real decreto. Se trata del plan de promoción y estabilidad de unos 8.000 docentes universitarios en situación precaria.El borrador, que todavía no está concluido, recoge básicamente dos propuestas: que los profesores universitarios asociados a tiempo completo puedan renovar su contrato cada tres años tras una prueba externa (ahora se puede prorrogar sólo mediante decreto) y que sea creada la figura de profesor asociado doctor (no funcionario), con la misma retribución que un titular interino. La figura de profesor asociado fue creada con la LRU para que profesionales en ejercicio dieran clases en la universidad con contratos parciales. Esta figura se ha desvirtuado y es la forma más habitual (y precaria) de acceso de profesores a la universidad.

La financiación es la clave de este proyecto. El texto del real decreto está casi listo, pero las negociaciones con las comunidades y las universidades para su financiación aún no han comenzado. El Gobierno pondrá unos 12.000 millones, pero hará falta otro tanto, que debe ser financiado por las comunidades autónomas. Algunas se han mostrado ya partidarias de poner la mitad de la cantidad que se acuerde. Si no hay problemas de última hora, se espera que el proyecto esté listo y pactado en octubre.

Financiación.

Es la principal espina de los rectores desde hace años. Ellos consideran que la cantidad necesaria para solucionar las carencias de las universidades y garantizar la calidad y la competitividad internacional es de unos 400.000 millones de pesetas. Así se equipararía el gasto medio por estudiante en España (5.000 dólares) a la media europea (7.500 dólares). Los rectores reprochan al Gobierno que no lidere un proceso parlamentario en el que se establezcan las bases de un sistema de financiación nacional para las universidades.

Reforma de la selectividad.

Rajoy ha decidido asumir los retoques de la selectividad que rechazó su antecesora. El cambio, mediante un real decreto, consiste principalmente en dar más valor al expediente del bachillerato (del 50% al 60%) y menos a la prueba (del 50% al 40%). El Consejo de Universidades puso graves reparos en la conveniencia de dar más valor al bachillerato, sobre todo si se sigue exigiendo la nota de 4 en el examen, y no de 5, para aprobar la selectividad y no se establecen unos mecanismos de control que sean de verdad efectivos para evitar que algunos centros inflen las notas de bachillerato de sus alumnos. El Gobierno ha asegurado que creará esos mecanismos.

Distrito único.

El equipo de Rajoy está ultimando un real decreto para crear el distrito abierto para toda España. El objetivo es que los alumnos puedan estudiar en la universidad que quieran. Esta propuesta ha sido siempre acogida con recelo por los nacionalistas por razones de protección lingüística. Los socialistas han objetado que la medida favorece a los estudiantes con más recursos, los que puedan pagarse la carrera en otra localidad, si no se ofrece un gran número de becas. El ministerio planea remitir el proyecto al Consejo de Universidades en octubre, baraja la creación de una agencia del Consejo de Universidades que gestione el distrito abierto y espera que el proyecto entre en vigor el próximo curso.