El PP se queda solo en la votación clave para aprobar la reforma de la justicia civil

El Gobierno sufrió ayer una severa derrota en el Congreso al no conseguir el apoyo necesario para sacar adelante la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El Partido Popular se quedó solo con sus 154 diputados y el proyecto fue remitido a la Comisión de Justicia para que envíe un nuevo texto en el plazo de un mes. El Ejecutivo logró en cambio la aprobación del proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil, que ha pasado ahora al Senado, pero su aplicación resulta casi imposible ya que va estrechamente vinculada a las reformas orgánicas que precisamente no lograron el respaldo requerido en la Cámara baja.

Tras las numerosas votaciones en las que el PP consiguió sacar adelante la Ley de Enjuiciamiento Civil -gracias a la aceptación del 42% de las enmiendas de la oposición-, en la última, la relativa al carácter orgánico de una de las dos leyes a debate, la que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial, la oposición infligió un severo varapalo al Gobierno, por lo que el presidente de la Cámara, Federico Trillo, comunicó que sería devuelta a la Comisión de Justicia. La Ley de Enjuiciamiento Civil, el proyecto estrella de la ministra Mariscal, que pretendía sustituir a la vigente, de 1881, tendrá que esperar.La necesidad de 176 votos (mayoría absoluta) hizo que los 154 obtenidos por el PP significaran una derrota. En contra votaron 141 diputados (PSOE, PNV, NI, EA y BNG) y se abstuvieron 28 (IU, CiU y CC), a pesar de que los portavoces de estos últimos grupos se distinguieron durante la sesión parlamentaria en elogiar aspectos varios de la ley y la voluntad de consenso con la que la había tramitado el PP.

Ahora, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial vuelve a la Comisión de Justicia, que ha sido requerida a enviar un nuevo texto en el plazo de un mes. Para entonces se habrán celebrado ya las elecciones catalanas -la cita en las urnas es el 17 de octubre- y fuentes populares no descartan que para entonces el consenso del PP con sus socios de CiU será menos problemático.

Una ley "de todos"

Al término de la votación, Mariscal de Gante, que al comienzo del debate insistió en que las leyes a discusión eran "de todos", se apresuró a declarar a la prensa que el PP había ganado "todas las votaciones" y atribuyó a "electoralismo y atención a planteamientos corporativos" la falta de apoyos al PP. En su criterio, la derrota es "anecdótica" frente al hecho "histórico" de que haya resultado aprobada la Ley de Enjuiciamiento Civil, que regula la mayor parte de los litigios judiciales en los que se ven envueltos los ciudadanos.

El portavoz socialista y ex ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, resaltó, por contra, que se trataba de "la derrota más importante del Gobierno en materia de justicia y la principal de su ministra". En su intervención en el hemiciclo, Belloch destacó que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial está "íntimamente vinculada a la Ley de Enjuiciamiento Civil", en la que apreció la ausencia de un modelo de justicia y de proceso, falto de la suficiente inmediación y muy criticado por los profesionales del derecho, en especial los abogados, ya que "no garantiza el derecho de defensa". Aseguró que ni una ni otra ley están "engarzadas en una reforma global de la justicia, dentro de un pacto de Estado".

Desde el Grupo Mixto, Diego López Garrido (NI), que destacó durante toda la sesión en las críticas al proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil, del que aseguró que "no abarata ni da rapidez a la justicia", se felicitó de que previsiblemente no prosperaría la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con lo que se evitará "el colapso de la justicia por falta de adecuación del aparato judicial a la pretendida nueva ley procesal civil". Más difícil fue para los portavoces de otros grupos, que habían dedicado grandes elogios a los proyectos de ley y al consenso con el que se habían tramitado, explicar su voto en contra o su abstención. Margarita Uría, por el PNV, encantada incluso de las amistades producidas durante los trabajos de la ponencia, silenció que su grupo votaría en contra en la votación de conjunto.

En CiU, principal socio parlamentario del Gobierno de José María Aznar, tras las intervenciones de Manuel Silva en apoyo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, le correspondió a Jordi Jané i Guasch anunciar: "CiU no facilitará los votos para la ley complementaria de la de Enjuiciamiento Civil, con lo que podemos paralizar ésta, no aceptada por los colectivos más relacionados con la justicia".

Como motivo para tal negativa del voto, Jané consideró "cuestiones prioritarias" estas dos: la superación de los cuerpos nacionales de funcionarios de la Administración de Justicia, mediante cuerpos de ámbito autonómico, y una nueva regulación de la exigencia del conocimiento de las lenguas autonómicas por los jueces.

Pablo Castellano, por Izquierda Unida, que había elogiado insistentemente el texto parlamentario a debate, por el interés de su grupo en el servicio al justiciable, al margen de planteamientos políticos, recordó, sin embargo, que "ésta no es la ley de IU" y que, a la vista de que no hay consenso, IU no va a ir más allá de los socios del Gobierno [se refería a CiU y CC], los que apoyaron su investidura".

"Rematar la faena"

Con tono de amargura, Andrés Ollero, en nombre del PP, felicitó a su grupo y a la ministra de Justicia y reprochó al PSOE que hable de una política de Estado "¡aunque ahora no nos la deja terminar!", señaló con tristeza. Acusó a la cúpula de los grupos de oposición de "no dejar a sus diputados rematar la faena". Y aseguró que, en cambio, "168 profesores de universidad firmaron la ley, frente a los intereses corporativos".

Especial reproche hizo a la posición de CiU, "tras haberle aceptado el 82% de sus enmiendas", y señaló: "Que alguien me diga qué grupo en el poder ha aceptado tantas enmiendas". Algunos diputados del PP aplaudieron.