El nuevo bachillerato cierra la implantación de la reforma

El Gobierno de Jordi Pujol acaba su legislatura habiendo conseguido la implantación prácticamente total de la reforma educativa en Cataluña. El 97,7% de los alumnos que iniciarán pasado mañana el curso escolar lo harán bajo los criterios de la LOGSE. Se generaliza el 4º de ESO, los dos cursos del nuevo bachillerato y la nueva formación profesional. Sólo faltan por implantar algunos ciclos formativos de grado superior y las enseñanzas musicales y artísticas.

Persiste el impacto del descenso demográfico, aunque con menor intensidad que en los dos últimos años. Son 1.001.479 los escolarizados (18.015 menos que el año pasado) en los 2.322 centros públicos y 1.448 privados concertados que hay en Cataluña. La valoración general de la gestión del departamento de Enseñanza de la Generalitat, en función de su objetivo político de implantar lo más rápidamente posible la reforma educativa, es positiva. La Administración catalana ha conseguido transformar totalmente un sistema escolar de considerables dimensiones (más de un millón de alumnos) en un plazo relativamente breve. Esta dinámica, sin embargo, ha incidido negativamente en el funcionamiento de muchos centros, especialmente de secundaria, ha creado un profundo malestar entre el profesorado y está propiciando, especialmente en determinadas zonas de las grandes ciudades, un deterioro de la enseñanza pública en favor de la privada concertada, que en Cataluña ocupa, en muchos casos, especialmente en Barcelona, la mitad de la oferta.

La principal queja de los profesores se centra en los problemas que ha traído la reforma al forzar la convivencia en la misma aula de alumnos con perfiles muy diferenciados. La atención a la diversidad, el eufemismo introducido por la LOGSE para paliar este problema, empieza a abrirse paso en la mentalidad de la Administración educativa, pero, de momento, con escasa incidencia. El consejero Xavier Hernández explicó que este curso habrá 211 unidades de adaptación curricular, 32 unidades externas de escolarización y 41 talleres de adaptación escolar.

Guetos escolares

La acumulación de alumnos procedentes de la inmigración o de situaciones socioeconómicas precarias en determinados centros públicos, que se configuran como guetos escolares, es otro de los problemas que siguen sin resolverse. En determinadas zonas ha sido necesario un acuerdo municipal para repartir a estos alumnos en los diferentes centros y evitar que se acumularan en uno solo de ellos. De nuevo, en este aspecto, la privada concertada se beneficia de la situación. En Cataluña hay 21.074 alumnos extranjeros, pero esta cifra no refleja la situación real. El propio Hernández reconoció que "suelen tener más problemas los hijos de familias con una difícil situación económica, y son ellos los que necesitan de una política de integración". Aunque, en su opinión, "se trata de un colectivo pequeño" que no justifica "el reparto forzado", porque "sería contrario a la ley y nos plantearía problemas éticos serios".

Las cuantiosas inversiones en infraestructuras para adaptar los centros escolares a la reforma han ido en paralelo con recortes de los gastos de funcionamiento, lo que ha incrementado el malestar en los centros. Para este inicio de curso se han invertido 20.000 millones, con los que se han financiado 24 nuevas construcciones, 12 rehabilitaciones y grandes ampliaciones de centros y 694 obras menores.

Sin embargo, no se ha podido acabar con la existencia de los barracones prefabricados en los centros de secundaria. Todavía, unos 19.000 alumnos, el 3% del total del alumnado, según reconoció Hernández, estudian en la provisionalidad.