Chile denuncia el tratado con España en el que basó el arbitraje para Pinochet
Chile anunció ayer que deja sin efecto el Convenio sobre Arbitraje firmado con España en 1927 en protesta por la actitud del Gobierno español de no aceptar resolver el caso Pinochet al margen de las instancias judiciales. Las autoridades chilenas habían planteado en mayo a las españolas la conveniencia de recurrir a un arbitraje entre ambos países para resolver si era procedente la extradición del exdictador antes de recurrir al Tribunal Internacional de La Haya.
"Queremos despejar las apariencias en la relación que tenemos con el Gobierno español", dijo en Santiago el viceministro de Asuntos Exteriores, Mariano Fernández, que entregó una nota formal al embajador español, Juan Manuel Egea. "Es un tratado inservible y a nosotros no nos interesa mantener cuestiones inservibles en las relaciones con otros países", añadió el número dos de la Cancillería chilena. El anterior ministro de Exteriores, José Miguel Insulza, recurrió y se apoyó en dicho convenio el pasado mayo para plantear una salida extrajudicial a la situación del exdictador detenido en Londres. Ayer, el viceministro Fernández calificó dicho texto de "instrumento estéril" si no puede utilizarse frente a la controversia de la petición de extradición de Pinochet presentada por el juez Baltasar Garzón.
La decisión de las autoridades chilenas, difundida en ausencia del presidente Eduardo Frei y del ministro de Exteriores Juan Gabriel Valdés, expresa el malestar hacia España por el caso Pinochet y por la falta de respuesta a la petición de un arbitraje. Sólo el Partido Popular y el ministro Abel Matutes mantuvieron en algún momento cierta disposición a considerar el planteamiento chileno, pero el rechazo unánime del resto de fuerzas políticas dejó claro que era un camino que no conduciría a ninguna parte. Abel Matutes declaró el sábado pasado: "Por el momento no veo cómo podemos atender esta petición". La frase colmó la paciencia del Gobierno chileno, que ha esperado a una fecha simbólica para denunciar el Convenio sobre Arbitraje. Hacerlo la víspera del 26 aniversario del golpe y del primer 11 de septiembre sin la presencia de Pinochet en Chile es un mensaje a los militares, que no dejan de pedir algo más que gestos de apoyo a su excomandante en jefe.
La de ayer es la acción diplomática chilena de mayor relieve contra España tras la retirada momentánea del embajador en Madrid, el año pasado, después de que el Consejo de Ministros tramitara sin apenas discusión la solicitud de extradición de Pinochet presentada por Garzón. En marzo, el Gobierno chileno suspendió los vuelos a las islas Malvinas que salían de Punta Arenas, en un gesto diplomático contra el Reino Unido, donde está detenido Pinochet.
El mismo día que el Gobierno chileno daba este paso, el general designaba desde Londres a un abogado para que lo defienda en Chile en los casos que investiga el juez Juan Guzmán. Es la primera vez, desde que se presentó hace 20 meses la primera de las 40 querellas criminales en su contra, que el exdictador se da por enterado de que la Justicia de su país también tiene cuentas pendientes con él.
