Otra polémica celda de residuos

Nuevamente la grave contaminación de los suelos por una actividad industrial genera una creciente controversia ecológica en Navarra. En esta ocasión se trata de la construcción de una celda de seguridad para desembarazarse de más de 100.000 metros cúbicos de terrenos contaminados con arsénico, cadmio, cobre, mercurio, plomo, cobalto, zinc, amonio, fosfatos, pirita, sulfuros, hidrocarburos y aceites minerales, algunos de ellos elementos altamente cancerígenos. La empresa generadora de estos desechos tóxicos es Inabonos, de capital francés y dedicada a la producción de abonos agrícolas, que en noviembre de 1998 suscribió un convenio de cooperación con el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona para clausurar sus instalaciones del barrio de San Jorge, en Pamplona, y trasladar toda su producción a la localidad de Lodosa, donde la filtración al acuífero del Ebro de unos 60.000 metros cúbicos de desechos depositados en terrenos colindantes a sus instalaciones ya generó la pasada primavera un fuerte debate medioambiental. En virtud de ese convenio, el terreno, una vez saneados los suelos, podrá dedicarse al desarrollo urbanístico (vivienda y dotaciones) del área de Buztintxuri-Euntzetxiki de la capital navarra. Inabonos asumió la solución técnica planteada por las autoridades de reutilizar los suelos más afectados en la fabricación de cementos y construir para el resto un depósito de seguridad en la cercana colina de Santa Lucía, sobre parcelas propiedad del Ayuntamiento de Pamplona y de la propia empresa, obligada a financiar los costes de ejecución del depósito y del traslado de las tierras contaminadas. Con un presupuesto de 300 millones, las obras están ya en marcha pero las protestas también. El Fondo Navarro para la Protección del Medio Natural Gurelur habla de "desaguisado social y ecológico", ya que la celda va a quedar "pegada" a un importante depósito de agua y a "escasos cien metros de distancia" de la vivienda más cercana de un poblado de acogimiento de familias marginales, cuando la normativa legal impide la instalación de estas infraestructuras a menos de 2.000 metros de cualquier núcleo habitado. Además, Gurelur asegura que este area está calificada como suelo no urbanizable forestal natural. Lo cierto es que la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, el ente supramunicipal que gestiona el uso del agua, consideró "incompleto" el control de los lixiviados que puedan filtrarse de la celda de seguridad. La solución dada por los promotores del enterramiento fue aceptada por la Mancomunidad y consiste en crear una barrera de hormigón de 125 metros de longitud que separe ambas instalaciones. Ahora, las quejas medioambientales se van a encauzar por la vía judicial. El grupo de EH de Pamplona presentará el día 1 de septiembre un recurso contencioso-administrativo contra las licencias municipales. Según Gurelur el proyecto esconde "intereses empresariales inmobiliarios". En seis meses los trabajos deben estar finalizados.