Detenidas dos chinas por practicar mil abortos ilegales a compatriotas en Madrid

La policía detuvo el miércoles en Madrid a dos mujeres chinas, Fang Ch. y Shaohua H., de 37 y 48 años, respectivamente, acusadas de haber practicado un millar de abortos ilegales desde 1993 en dos pisos de Madrid sin las mínimas condiciones sanitarias. Las víctimas eran, según la policía, inmigrantes chinas que, influidas por la restrictiva política de natalidad de su país, decidían abortar en su segundo embarazo y prostitutas obligadas a operarse por la mafia oriental. Ninguna de las detenidas poseía titulación médica. Cada aborto costaba unas 50.000 pesetas.

"Creía que me iba a morir", declaró una de las víctimas a la policía. Su testimonio, y el de otras mujeres, permitió a los agentes descubrir que tras el negocio de la prostitución se escondía otro no menos lucrativo: la práctica de abortos ilegales a mujeres que, por su condición de prostitutas amenazadas o de inmigrantes ilegales, no se atrevían a acudir a centros legales.Las mujeres chinas que han denunciado los hechos se han acogido a la ley de protección de testigos. Arriesgan su vida por segunda vez. La primera vez fue cuando abortaron sin las debidas condiciones sanitarias y obligadas por la red mafiosa. No podían hacer otra cosa. Cuando fueron traídas desde China se comprometieron a pagar dos millones de pesetas. La prostitución era la única forma que tenían de saldar su deuda, pero el embarazo les impedía trabajar. La organización las envíaba entonces a la calle de Raimundo Fernández Villaverde, 21, o del General Ricardos, 105, donde poseía dos centros de aborto clandestino.

Las condiciones en que se realizaban las intervenciones eran terribles. A las mujeres les eran administrados fármacos con objeto de provocarles una hemorragia. Si este método no funcionaba, eran operadas en una habitación de seis metros cuadrados sin ningún requisito sanitario. A falta de anestesia, una bola hecha con guantes de látex se intoducía en la boca de la paciente para acallar sus gritos de dolor y evitar que los vecinos advirtieran lo que allí sucedía.

Los fetos eran succionados con un aparato de vacío que funcionaba a pedales. La fuerza de aspiración era tanta que, según la policía, no sólo extirpaba el feto, sino que causaba desgarros y hemorragias en el útero. Parte del material quirúrgico intervenido por la policía estaba oxidado. Los miles de fármacos intervenidos, de procedencia china, estaban, en su mayoría, caducados, algunos desde hacía ocho años. El algodón se hallaba abierto sobre sucias telas de saco.

Los pisos donde se practicaban los abortos se anunciaban con otras actividades para disimular el trasiego de visitas. En el primero se cocían y vendían tallarines. El segundo, en apariencia, era un centro de belleza y masajes.

La responsable de la red era Fang Ch., de 37 años. Shaohua H. era la que se encargaba de realizar los abortos. Sus clientes la llamaban "doctora", pese a no poseer ningún título.

En la redada practicada por la policía fueron detenidas también otras 14 mujeres de nacionalidad china que ejercían la prostitución a las órdenes de Fang Ch. y cuya situación en España era ilegal. La organización disponía de otros dos pisos, uno en la calle Artistas, 3, y otro en el 44 de la misma calle, utilizados como prostíbulos. Fang Ch. mantenía un severo control en el cobro de sus intervenciones. Once mugrientos cuadernos escolares, con nombres y fechas, permitieron a la policía saber que en sus locales se practicaron un millar de abortos desde 1993.

La policía desconoce cuántas de las mujeres intervenidas se dedicaban a la prostitución y cuántas eran simplemente inmigrantes chinas ilegales. Estas organizaciones se aprovechan de mujeres reticentes a acudir a centros sanitarios y de planificación familiar españoles, bien por su condición de ilegales, bien por el desconocimiento del idioma, bien por su desconfianza en la medicina occidental.

Publicidad en periódicos

Los servicios abortistas eran publicitados en varios periódicos chinos que circulan por Madrid. Las investigaciones comenzaron a raíz de la denuncia de una de las víctimas, que aseguró haber sido traída a España de forma ilegal y obligada a ejercer la prostitución para pagar la deuda contraída.El comisario jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Madrid, José Luis Poves, explicó ayer que es la primera vez que se descubre en la capital la conexión entre prostíbulos y prácticas abortistas clandestinas entre la comunidad china, negocio que, según él, "reporta una gran fuente de ingresos".

El comisario declaró que las intervenciones debieron suponer un verdadero "calvario" para las mujeres, ya que los instrumentos encontrados en los domicilios eran "como de película de terror". La Policía investiga ahora la posibilidad de que alguna de las mujeres haya podido morir como consecuencia de las insalubres condiciones en que se realizaron las intervenciones.