La opinión de los trabajadores no será vinculante para convertir un hospital en fundación pública

La opinión de los trabajadores contará, pero no será vinculante, para convertir un hospital en fundación pública sanitaria. El Insalud escuchará a sus representantes antes de dar el visto bueno a la transformación, pero no tendrá por qué seguir su dictado, según el último borrador del reglamento sobre nuevas formas de gestión. La intención del Gobierno es tener listo el texto, cuya aprobación es un requisito para dotar a los centros sanitarios de mayor autonomía de gestión este mismo mes. Cuenta para ello con el apoyo de CCOO y otros dos sindicatos. En el otro lado, el rechazo rotundo de UGT.

Los trabajadores no tendrán voto para decidir si su hospital se convierte o no en una fundación pública sanitaria. No habrá referéndum. Pero su voz se hará oír, a través de un informe, en la comisión de homologación, que debe avalar cada uno de estos procesos. Ésta, formada sólo por representantes del Insalud, deberá pronunciarse sobre "la suficiencia de consenso interno" antes de tomar una decisión, según el borrador del reglamento de nuevas formas de gestión -fundaciones públicas sanitarias, consorcios, empresas públicas y fundaciones- que maneja el Insalud.En CCOO están convencidos de que esta disposición evitará la conversión forzosa de los centros. "Tiene que haber un amplísimo consenso para evitar tensiones innecesarias", subraya su secretaria general de Sanidad, María José Alende. Pero el texto que ultima el Gobierno no exige ese consenso. Para la diputada de IU Ángeles Maestro, si el deseo del Insalud hubiera sido tener en cuenta a los trabajadores, habría dado carácter vinculante a su opinión.

Los socialistas, que al igual que IU se oponen a las fundaciones porque las consideran un paso más hacia "la privatización de la sanidad", creen que el Insalud "va a tener dificultades para convencer al personal" de la bondad del modelo, en palabras del diputado Josep Corominas. De hecho, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que también está en esa lucha, ha recogido casi 13.000 firmas en contra de las fundaciones entre los 137.000 trabajadores del Insalud.

Así quedan en el texto algunos de los puntos más polémicos: - Autonomía. Las fundaciones tendrán autonomía de gestión, pero no independencia. El Insalud actuará como su gran hermano. Serán organismos públicos adscritos al instituto, lo que, según su presidente ejecutivo, Alberto Núñez-Feijoo, aleja el fantasma de la privatización, aireado desde diciembre por la oposición. Para la secretaria de Sanidad de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Pilar Navarro, la variedad de fórmulas "rompe el modelo sanitario público".

Patrimonio. Con el reglamento en la mano, los centros podrán crear su propio patrimonio, "poseer, arrendar bienes y derechos de cualquier clase". Y gestionarlo según les parezca. La oposición argumenta que por esta vía los hospitales públicos se abren al sector privado de forma "irreversible". Pero esta posibilidad está limitada, según Núñez-Feijoo. Para atesorar su patrimonio inmueble, los centros parten de cero. Los edificios son ahora de la Seguridad Social, por lo que no podrán ser vendidos ni enajenados. El reglamento añade una garantía más al exigir que este tipo de adquisiciones sea autorizado por el Insalud. Sólo los bienes comprados después de la transformación podrán venderse, alquilarse o cederse.

Pilar Navarro asegura que la redacción final es tan abierta que no permite delimitar lo que puede ser enajenado y lo que no. La posibilidad de alquilar los quirófanos es, sin embargo, "absolutamente ridícula", según CCOO, en centros con listas de espera.

Prestaciones. Las fundaciones abren la puerta a que la oferta de servicios venga marcada por criterios económicos, dicen sus detractores, por lo que existe el riesgo de que renuncien a tratar las patologías más caras para cuadrar sus cuentas. El reglamento establece que será el Insalud quien decida la cartera de servicios de cada hospital.

Capital privado. El reglamento admite la entrada de capital privado a través de donaciones. El dinero entra, pero sus donantes tienen vetada la entrada a los órganos de gestión del centro. - Participación de los usuarios. Un comité de participación, en el que se integrarán consumidores, sindicatos, empresarios y la dirección del centro, pero no los ayuntamientos, vigilará el buen funcionamiento de los servicios. Control de la gestión. Para sus enemigos, el reglamento ha dejado escapar la oportunidad de que el proceso de modernización de los hospitales salvaguarde el sistema público.

El Insalud garantizará la viabilidad económica de las fundaciones, que deben, sin embargo, responder de su gestión. Para ello se realizarán con carácter anual programas de control y evaluación internos y existe la posibilidad de llevar a cabo auditorías externas.

Las nuevas formas de gestión están, además, sometidas al control de la Intervención General de la Seguridad Social y del Tribunal de Cuentas.

El texto ha sido negociado durante cinco meses con los sindicatos, que deben hacer oficial su posición en la mesa sectorial prevista para este mes. Luego será aprobado como real decreto por el Consejo de Ministros. Sólo después de su entrada en vigor podrán los hospitales solicitar convertirse en fundación.