El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de firma electrónica

El anteproyecto de ley sobre Firma Electrónica, un sistema de autentificación digital que permitirá reforzar la seguridad en el comercio en Internet, fue aprobado ayer por el Consejo de Ministros, que lo remitió al Consejo de Estado y a la Agencia de Protección de Datos para que emitan sendos dictámenes. El ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado, que presentó el informe, aseguró que el comercio electrónico movió el año pasado en España 14.000 millones de pesetas, lo que hace necesaria la aprobación de una norma que favorezca aún más su desarrollo y refuerce la seguridad en las transacciones.La firma electrónica recogerá un conjunto de datos que permitirán la identificación del usuario y tendrá el mismo valor jurídico que la firma manuscrita, y será admisible como prueba en un juicio, por lo que se ha solicitado un informe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Con esta firma el usuario podrá efectuar tanto transacciones económicas como relacionarse con la Administración.

La ley crea, además, la figura del prestador de servicios de certificación. Para que una firma electrónica tenga la máxima eficacia jurídica tendrá que estar avalada por un "certificado reconocido", que permita verificar la identidad del usuario. Arias-Salgado explicó que este servicio podrá prestarlo cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que cumpla con ciertos requisitos, especialmente de solvencia económica, ya que los certificadores deberán poseer una garantía mínima del 4% de las transacciones que realicen sus clientes.

El anteproyecto recoge una clasificación de las infracciones y sus respectivas sanciones. Una infracción muy grave puede dar lugar a multas de hasta 100 millones de pesetas y, en caso de que se repita, puede provocar que se prohíba al certificador continuar con su actividad. Una infracción grave se sancionará con hasta 50 millones de pesetas y, las leves, con multas de hasta 5 millones de pesetas.