El Ejército de Colombia ofrece en EE UU garantías de su victoria sobre la guerrilla

El nuevo ministro de defensa colombiano, Luis Fernando Ramírez, y el jefe de las Fuerzas Armadas, general Fernando Tapias, llegaron anoche a Washington para mantener encuentros con representantes del Gobierno y del Congreso norteamericano sobre el complicado diálogo de paz entre el Gobierno de Bogotá y la guerrilla, cuya reanudación está prevista para el próximo día 20, y sobre los esfuerzos de Colombia en la lucha contra la producción y el tráfico de drogas. En EEUU también se sigue con atención la situación de derechos humanos en Colombia.

El ministro y el general traen a Washington un mensaje de tranquilidad tras la reciente ofensiva de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las medidas tomadas por el Gobierno del presidente Andrés Pastrana para neutralizarla. Antes de salir de Bogotá, el general Tapia aseguró que el Ejército ha conseguido una victoria total sobre la guerrilla. Los dos aprovecharán además sus contactos con responsables de seguridad y lucha antidrogas para dar explicaciones sobre el uso de los fondos contra el narcotráfico, cuyo volumen -289 millones de dólares (46.240 millones de pesetas)- hace que Colombia sea, después de Israel y Egipto, el tercer país del mundo que más ayuda para seguridad recibe de EEUU. Entre los destinatarios de esa ayuda se encuentra el Batallón Antinarcóticos, una unidad de élite formada por un millar de militares elegidos -con expedientes en principio irreprochables desde el punto de vista de la corrupción- ahora en pleno proceso de entrenamiento y que debería entrar en acción a finales de año. El Batallón tendrá ayuda logística estadounidense.

En el Congreso, además de repasar la cooperación antidrogas y de recibir informaciones sobre el diálogo de paz, los representantes norteamericanos pueden hacer llegar al ministro de Defensa y al general Tapias su inquietud por la reciente decisión del Departamento de Estado de compartir información reservada con las fuerzas de seguridad colombianas sobre los desplazamientos y las actividades de la guerrilla. En opinión de algunos congresistas, espoleados por grupos de derechos humanos, no hay garantías de que esa información no acabe cayendo en manos de paramilitares y sea utilizada con fines distintos a los del proceso de paz o la lucha antinarcóticos.