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Tribuna:FUNDACIONES SANITARIAS
Tribuna
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Los verdaderos privatizadores

Coincidiendo con el vigésimo aniversario de la fundación del Insalud proliferan en los medios de información los ataques a las fundaciones públicas sanitarias, a las que, en evidente contradicción con su propio nombre, se acusa de buscar la privatización de nuestra red hospitalaria. No hay argumentos serios, desde luego, pero se utilizan expresiones veladas, como "podrían suponer" o "son un primer paso hacia", que sueltan el veneno y no comprometen a sus autores: humos de pajas. No es lícito jugar con la salud de la gente: la sanidad afecta especialmente a los sectores menos favorecidos de nuestra sociedad y es lógico su temor a la palabra privatización. ¿Alguien puede decir qué se ha privatizado o qué pasos se han dado hacia una próxima privatización? Porque el proceso en marcha es cualquier cosa menos eso: no pasa de una estricta descentralización. Cada centro hospitalario quedará convertido en una entidad pública empresarial, que en el ámbito sanitario se llama fundación pública sanitaria, para alejarlo de la jerga mercantilista de las citadas entidades. O sea, son organizaciones como Correos y Telégrafos o la Fábrica de la Moneda y Timbre, a las que nadie acusa de estar privatizadas. Hemos buscado un doble objetivo: mejorar el servicio y ser más eficientes. El servicio es lo primero, naturalmente, pero la eficiencia es una responsabilidad de todo gestor, y más si es público. Dotar a cada centro hospitalario de presupuesto, tesorería propia, capacidad de organizarse con autonomía y de incentivar a su personal les permite tan sólo un mínimo respiro de actuación a los centros; también podrán llevar una gestión continua de sus recursos, reinvertir los excedentes en años sucesivos, aplicar gastos según necesidades, elegir sistemas de adquisición según criterios de coste-eficacia, planificar pagos y acuerdos con los proveedores.

El PSOE asegura que esto es privatizar la red hospitalaria. Pero ¿de qué PSOE hablamos? Porque en Andalucía, donde gobierna, se han transformado en empresas públicas los hospitales de la Costa del Sol, en Marbella, y de Poniente, en Almería, y tan sólo hace unas semanas, el de Andújar, en la provincia de Jaén, además de haber creado la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. Parece, pues, que es rechazable en Madrid lo que en Andalucía venden como un logro. En Cataluña son empresas públicas varios hospitales, pero son más numerosos los consorcios y las sociedades municipales, con la participación de numerosos ayuntamientos socialistas.

La izquierda habla mucho del Estado del bienestar y nos atribuye la intención de desmantelarlo. Falso: en los últimos tres años, casi hemos duplicado nuestro presupuesto dedicado a inversiones y hemos mejorado, con cifras contrastables, la atención a los enfermos. La velocidad de cambio se acelera cada día en nuestra sociedad, pero algunas personas permanecen ancladas en un pasado que ya resulta remoto. Centralizar la administración de una organización como el Insalud, con 137.000 trabajadores, es un anacronismo que sólo pueden defender quienes temen el cambio, la cesión de poder, la autonomia; quienes, en definitiva, consideran que los centros hospitalarios deben seguir siendo menores de edad.

Queremos demostrar que lo público también puede ser eficiente. Nosotros creemos que este proceso acercará el ámbito de decisión a los ciudadanos, cubriendo así parte de esa tierra de nadie que separaba Administración y administrados, al tiempo que dará mayor participación a los trabajadores en las decisiones de cada centro.

Hagamos nuestra la inmortal frase de Lampedusa: "Es preciso que todo cambie para que todo siga igual". Nuestro Insalud necesita esta renovación para mantener su carácter público: quienes se obstinan en mantener un servicio público ineficiente son los verdaderos privatizadores.

Alberto Núñez Feijoo es presidente del Insalud.

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