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Editorial:

Quejas públicas

Los servicios públicos más esenciales, como la sanidad, la educación y la justicia, siguen acaparando el mayor número de las quejas que llegan a la oficina del Defensor del Pueblo. Es lógico que sea así, pues se trata de servicios en los que la demanda ciudadana es más fuerte. Pero que las quejas sean tan numerosas año tras año es signo evidente de que esos sectores públicos mantienen un nivel de oferta poco acorde con las crecientes necesidades de los ciudadanos. Los informes anuales del Defensor del Pueblo comienzan a recoger un tipo de quejas muy diferentes de las habituales. En el informe que presentó ayer a las Cortes Generales Fernando Álvarez de Miranda, correspondiente al año 1998, el último de su mandato, aparecen algunos de esos problemas, que son nuevos en la sociedad española, como los de la cooficialidad lingüística o la fiscalidad de la familia. Llama la atención que el 8% de las casi 24.000 quejas presentadas en 1998 se refieran a cuestiones de cooficialidad lingüística, explícitamente en Cataluña, y que esas quejas sean colectivas y no individuales. Otros problemas son viejos, aunque es nueva la mayor concienciación social sobre su gravedad, como sucede con la violencia doméstica, en especial contra las mujeres.

Los informes del Defensor se han convertido en una fuente obligada para conocer lo que sucede en los entresijos de las administraciones públicas. También para saber cuáles son los problemas que más preocupan a los ciudadanos. Pero queda la duda de si los gestores públicos escuchan esos informes. Los miles de decenas de quejas acumuladas al cabo de los años en la oficina del Defensor del Pueblo no han servido para generar un auténtico propósito de enmienda en los servidores públicos. Mal puede generarlo si contestan mal y tarde.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 17 de junio de 1999