Los directores piden más autoridad y "un contrato entre la familia y el centro"

VIENE DE LA PÁGINA 1 Fuentes de la Junta de Directores indican que el número de alumnos conflictivos es pequeño, alrededor de un 0,8% del total, pero que, al concentrarse únicamente en algunos centros públicos, altera la dinámica escolar. En estos momentos hay en Barcelona 22.800 alumnos de ESO matriculados en centros públicos y otros 38.600 en los privados concertados. Las mismas fuentes añaden que el fenómeno de la segregación afecta también a los alumnos inmigrantes y los niños con discapacidades, que se concentran mayoritariamente en la red escolar pública. El documento indica que si no se llevan a cabo medidas para "reequilibrar la demanda pública y privada, se consolidarán dos redes educativas que aumentarán la disgregación social". Para corregir esta situación, además de repartir "a todo el alumnado con riesgo de marginación social entre todos los centros sostenidos con fondos públicos de forma equitativa y proporcional", se reclaman más recursos para poder sostener los gastos derivados de la educación de estos alumnos. Pero además de estas correcciones de fondo, la Junta de Directores plantea medidas concretas e inmediatas para abordar el problema de la conflictividad escolar. De hecho, estas medidas son las que figuran en el primer apartado de propuestas y son fruto de una preocupación latente en los centros de secundaria. Algunas de estas preocupaciones fueron expuestas también en una asamblea de profesores celebrada el miércoles en el IES Menéndez Pelayo de Barcelona. El documento propone dar una atención específica a los alumnos con problemas de conducta o con necesidades especiales, incluida la posibilidad de escolarizarlos durante todo el ciclo en aulas específicas para ellos, y también reconvertir las aulas ahora destinadas a los niños que, por diferentes razones, no pueden seguir el ritmo de la clase, en aulas taller donde se les dé una formación más práctica. Asimismo, plantea la necesidad de reforzar la autoridad en los centros y que se garantice "el respeto al profesorado por parte de alumnos y familias" mediante la creación de un "contrato entre la familia y el centro de secundaria". Y también apunta la conveniencia de que la Guardia Urbana vigile "los alrededores de los institutos en las horas de la entrada y salida". Fuentes de la junta recalcaron que esta medida sólo sería necesaria en los barrios con mayor problemática social. Algunas de las propuestas implican cambios en el sistema educativo implantado con la reforma escolar. Una de ellas, que también puede resultar muy polémica, es la de introducir estudios orientados al mundo del trabajo manual para alumnos menores de 16 años con dificultades para alcanzar los objetivos de la ESO. Ahora todos los alumnos estudian ESO hasta los 16 años. Sólo a partir de esa edad, los que no la superan son orientados hacia programas de garantía social, es decir, oficios manuales. Finalmente, se propone crear "mancomunidades de centros públicos que puedan satisfacer una oferta educativa que abarque hasta los 18 años". Ello les equipararía con los centros privados, uno de cuyos atractivos es precisamente que garantizan la continuidad escolar en las sucesivas etapas.