Los institutos de Barcelona piden el reparto de alumnos conflictivos

rcelona [EN] La Junta de Directores de Secundaria de Barcelona, que agrupa 77 institutos, propone repartir a los alumnos con "riesgo de marginación social" entre todos los centros financiados con dinero público, lo que implica que los centros concertados asuman una cuota de niños conflictivos. La propuesta se encuentra en un documento de trabajo interno que incluye medidas para mejorar la enseñanza pública y abordar la conflictividad que la escolarización obligatoria hasta los 16 años ha llevado a algunos centros de secundaria.

Entre las medidas propuestas figuran, además del reparto de los niños conflictivos y con necesidades especiales entre centros públicos y privados concertados, la de incrementar la autoridad de los directores para aplicar medidas disciplinarias, escolarizar a los niños con problemas en aulas especiales para ellos, y reforzar la vigilancia de la Guardia Urbana en los alrededores de los centros ubicados en zonas con alto índice de conflictividad social. El documento de la Junta de Directores fue presentado a discusión en una jornada de reflexión celebrada el día 3 de junio a la que fueron invitados, además de los equipos directivos, representantes sindicales, de las administraciones y de los movimientos de renovación pedagógica, y de las asociaciones de padres. En el texto se indica que en la ciudad de Barcelona "la preinscripción de ESO de la privada sostenida con fondos públicos ha sido este año mucho más numerosa que la de la pública, en una proporción del 70% y el 30% en favor de la privada concertada". El documento señala que la desproporción entre ambas redes no sólo no se ha detenido, sino que aumenta todos los años por dos razones. La primera, que "la pública ha tenido que sostener mayoritariamente aquel pequeño sector del alumnado que con su conducta rompía los comportamientos y las normas sociales, lo cual ha creado temor entre un sector de las familias". La segunda causa es que "el derecho a la libre elección de centro y la financiación con fondos públicos de la [enseñanza] concertada, ha propiciado que las familias que querían apartar a sus hijos e hijas de los elementos conflictivos o bien querían evitar la integración de todo el alumnado, hayan podido matricular, con muy poca inversión económica, a sus hijos en la concertada, con lo cual se ha favorecido la segregación social y la selección económica por parte de la privada concertada". El objetivo de la Junta de Directores es, según se afirma en el documento, afrontar a tiempo este problema para evitar a la larga la "fractura social" que supondría concentrar en el sector público a todo el alumnado conflictivo. Uno de los redactores del documento, que quiso mantenerse en el anonimato, destacó que el problema no afecta a todos los institutos, sino sólo a los de algunas zonas de Barcelona. PASA A LA PÁGINA 17