España destina a protección social un 20% del PIB menos que la media de la Unión Europea

¿Estado de bienestar o estado de malestar? En España, los datos golpean como mazos cuando se comparan con las mejores naciones de la Unión Europea. Las estadísticas demuestran, en efecto, que la pensión de los españoles está muy por debajo de la equivalente entre los jubilados de Alemania, Italia, Francia y Reino Unido. Que se destina a la sanidad pública menor porcentaje del producto interior bruto (PIB) que la media en los países de la UE. Y que, para colmo, el Sistema Nacional de Salud, que goza de un gran aprecio entre la población, sigue sometido a la zozobra de una privatización paulatina. Pero la comparación es aún más desfavorable si el cálculo se hace sobre los gastos de protección social en su conjunto, o sobre la solidaridad fiscal. Un informe que acaba de publicar la Fundación Hogar del Empleado con el título Políticas sociales y Estado de bienestar en España aporta estas conclusiones, con gran acopio de estadísticas recientes.

He aquí una cifra desoladora para España: los gastos corrientes en protección social en los 15 países de la UE suponen como media el 28,4% del PIB. El porcentaje es claramente superior al 30% en Dinamarca (el 34,3%), Alemania (31,3%), Holanda (32,1%), Francia (30,6%) y, especialmente, en Suecia (35,6%). Pues bien, España apenas supera el 22,7% de su PIB. Eso quiere decir que, porcentualmente, los españoles reciben para su protección social un 20% menos del PIB nacional que los vecinos comunitarios del suyo.Si lo que se comparan son las prestaciones por jubilación, el resultado es igualmente desalentador: sobre una pensión media de 100, el jubilado español se queda por debajo del 62%, mientras que superan con creces esa media Italia (el 135,6%), Francia (117,2%) y Alemania (109,5%). Es decir, las pensiones no pueden "mantenerse" como están. Tienen que incrementar su poder adquisitivo. A aquellos que ponen en duda esa capacidad del sistema de la Seguridad Social, el informe los tacha de irresponsables. "Es como dudar de la solvencia financiera del Estado", se dice en las conclusiones.

Un IRPF regresivo

"Hemos convergido, pero no somos sus iguales", afirma José Antonio Griñán, uno de los autores del informe de la Fundación Hogar del Empleado. Las conclusiones no sólo conducen a desmontar la teoría del "mantenimiento", tal y como ha sido propuesta por sectores conservadores; también dejan en evidencia a quienes afirman que la presión fiscal es muy fuerte en España. La comparativa de los impuestos sobre renta y patrimonio indica que España, con un 36,9% de presión fiscal sobre el PIB, está seis puntos por debajo de la media de la UE (un 42,8) y especialmente lejos de la solidaridad fiscal de suecos (51,9%), daneses (53,7%), alemanes (42,5%), franceses (47,1%) e incluso británicos tras los casi veinte años de Gobierno conservador (el 37,4%).

La España del "va bien" resiste las comparaciones con la UE en los ritmos de crecimiento económico, pero no en su modelo de desarrollo. Los analistas de la Fundación Hogar del Empleado sostienen, casi por unanimidad, que, si hay crecimiento, debe haber un desarrollo sostenido de la protección social en la misma proporción, como mínimo, en que se produjo durante la década de los ochenta y al principio de los años noventa. "Los países que, como España, han desarrollado tardíamente sus instituciones de bienestar contemplan con perplejidad la sola posibilidad de renunciar a algo apenas conseguido", escribe Juan Antonio Garde Roca. La última reforma del sistema impositivo, en especial la del IRPF, es regresiva, porque reduce "la equidad del sistema", dice.

Sin impuestos no hay desarrollo ni Estado de bienestar. El crecimiento por sí solo no permite asegurar una mejora de la situación económica de los grupos de menor renta si no se redistribuye a través de las diversas políticas públicas. Según los autores de este informe, el sistema tributario adolece de dos graves deficiencias en relación con la equidad. En primer lugar, el IRPF tiene un "marcado sesgo" hacia los rendimientos provenientes del trabajo, que aportan en torno al 80% de la base imponible del impuesto, "generando una profunda discriminación entre esta fuente de rentas y los rendimientos empresariales, profesionales y del capital". En segundo lugar, el impuesto sobre el patrimonio y el de sucesiones "no cumplen su papel de control y olvidan su cometido corrector de desigualdad social".

El nivel de renta per cápita en España es del 75% de la media comunitaria. Si se tiene en cuenta que los niveles de alimentación son similares, las causas del retraso hay que buscarlas en otros consumos tales como educación, cultura, atención a los ancianos, apoyo financiero a los estudiantes y a los jóvenes, protección a la familia y otras coberturas sociales. Por cierto, el español que nace ahora tiene una esperanza de 81,4 años de vida si es mujer -74,4 años si nace varón-, variable únicamente igualada por Suecia, Francia e Italia.

"Alcanzar los niveles europeos de renta exigiría una fuerte inversión pública en esos capítulos, con sus efectos multiplicadores", pero "la rapidez con que se han impuesto ciertas restricciones de gasto, así como las políticas privatizadoras aceleradas de los últimos años, van a constituir un serio impedimento", se advierte en el informe, de casi novecientas páginas.

Los autores lo cierran con 11 propuestas para acrecentar el Estado de bienestar y para evitar que se produzca, entre otros fenómenos de insolidaridad, lo que Jordi Sevilla llama "la rebelión de los ricos". Entre sus redactores se encuentran Rosa María Urbanos, Alfonso Utrilla, Gustavo Sariego, Jesús Ruiz-Huerta, Rosa Martínez, Federico Durán, Amadeo Petitbó, Juan F. Jimeno, Álvaro Marchesi, Julio Gómez-Pomar, Luis Ayala, Fidel Ferreras, Amalia Gómez, Cristina Narbona, Mariano Calle, Marta García Nart, Pilar Lledó, Franscisca Sauquillo, José A. Gimbernat, Margarita de León, Bienvenido Pascual y Rubén V. Fernández de Santiago, entre otros.