Fomento necesita ahora informes de Marruecos y del Instituto Astrofísico para permitir la televisión canaria

El Ministerio de Fomento ha impedido que la televisión autonómica inaugure mañana sus emisiones, coincidiendo con el Día de Canarias, al descubrir que necesita nuevos documentos para autorizar la frecuencia correspondiente. Cinco meses después de concedida la licencia, el departamento dirigido por Rafael Arias-Salgado juzga necesario incorporar al expediente un informe del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), "para garantizar que la señal no afectará negativamente al correcto funcionamiento de los radiotelescopios ubicados en sus instalaciones" y otro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), destinado a asegurarse de que la señal del nuevo canal televisivo no invade el espacio radioeléctrico de Marruecos, según fuentes de la Radio Televisión Canaria (RTVC).Un portavoz del Ministerio de Fomento, consultado al efecto por este periódico, no confirmó ni desmintió la tramitación de tales informes.

Las nuevas exigencias no han sentado nada bien en la dirección de la televisión canaria, que había anunciado una programación especial para mañana, a fin de cubrir acontecimientos deportivos y los actos institucionales del Día de Canarias, además de emitir películas y documentales.

Según el director general del ente público, Jorge Bethencourt, "no es el momento de preguntarnos a qué obedece el retraso en la concesión de la autorización para utilizar la frecuencia, por más que nos duele convertirnos en la única comunidad autónoma que no estrena su canal en su día oficial". Bethencourt se mostró ayer convencido de que las pegas que Fomento ha puesto ahora quedarán resueltas a mediados de junio. "Supongo que cuando pasen las elecciones, los responsables recuperarán el sosiego que le está faltando a este proceso", comentó Bethencourt.

La televisión autonómica, de cuyo contrato de suministro es adjudicataria la Productora Canaria de Televisión (participada en un 40% por los accionistas de Sogecable y en un 60% por empresarios canarios) ha provocado importantes tensiones entre los socios del gobierno del archipiélago, Coalición Canaria y el Partido Popular, fruto de la oposición de este último a su entrada en funcionamiento.