Los profesores universitarios acusan al Gobierno de legalizar su precariedad laboral

El proyecto recientemente elaborado por el equipo de Mariano Rajoy para solucionar la precariedad del profesorado universitario ha sido acogido como "una forma de legalizar la precariedad de los profesores universitarios" y "una tomadura de pelo a toda la comunidad universitaria" por los sindicatos CCOO, UGT y la coordinadora de profesores universitarios no numerarios (asociados y ayudantes de unas veinte universidades).El texto del Gobierno, titulado Programa de mejora, estabilidad y promoción del personal universitario, recoge básicamente dos propuestas: que los profesores universitarios asociados a tiempo completo puedan renovar su contrato cada tres años tras una prueba externa (ahora se puede prorrogar sólo mediante decreto) y la creación de la figura de profesor asociado doctor (no funcionario) con la misma retribución que un profesor titular interino. El tercer sindicato en representación dentro de la universidad, el CSIF, cree que las medidas son "insuficientes y están poco definidas".

El documento, de seis páginas, fue entregado al Consejo de Universidades el pasado día 18 en la última reunión de su comisión académica. El ministerio propone que el programa se aplique desde este año al 2001. La financiación se negociará con las comunidades autónomas y las universidades, pero las comunidades se deben comprometer previamente a cofinanciar el proyecto. La figura del profesor asociado fue creada con la Ley de Reforma Universitaria (1983) para que profesionales en ejercicio dieran clases en la universidad con contratos parciales. Esta figura se ha desvirtuado completamente y se ha convertido en la vía más habitual de ingreso de docentes en la universidad. En la actualidad hay unos 25.500 profesores asociados y 4.900 ayudantes.

De los asociados, 17.200 tienen contrato de dedicación parcial, el tipo de contrato para el que estaba pensada esta categoría. Sin embargo, están en situación irregular varios miles de ellos (una cantidad difícil de calcular) que trabajan en realidad la jornada completa. También se debe solucionar la situación de otros 8.300 asociados que tienen contrato a tiempo completo (algo que fue regulado provisionalmente con un real decreto).

Encierro de 24 horas

CCOO propondrá mañana la primera protesta a los representantes de más de 50 universidades públicas: una huelga de corrección de exámenes de junio en todas las universidades y un encierro de 24 horas de representantes de los profesores, que comenzará mañana por la noche en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. CCOO es el sindicato de mayor representatividad en las universidades, con alrededor de un 40%, seguido de UGT, con un 20%, y CSIF, con otro 20%.

l responsable de Universidad de la Federación de Enseñanza de CCOO, Josep Ferrer, considera que "el documento se limita a repetir las mismas generalidades que dijo el equipo de Mariano Rajoy cuando tomó posesión. Lo único que hace el Gobierno en este texto es reiterar su voluntad de encontrar una solución al problema, sin plantear por dónde debe ir esa solución. Es una tomadura de pelo y la reacción del profesorado, como seguramente la de los rectores, va a ser muy contundente".

Ferrer destaca que el texto "no establece qué financiación se destinaría a los pocos cambios que se proponen, lo que ya de por sí hace imposible hacer planes, traslada la responsabilidad de regular y, por tanto, financiar estas figuras a las universidades y a las comunidades autónomas. Esta medida es un regalo envenenado".

Entre las propuestas mínimas que piden los sindicatos están una subida laboral y que, a partir de una determinada renovación, el contrato sea indefinido o se saque la plaza a concurso para crear un puesto fijo.

Para CCOO y UGT, "es un documento improvisado, elaborado sólo para decir que se ha cumplido un compromiso". La secretaria de Universidades de FETE-UGT, Teresa Muñoz, señala: "Rechazamos completamente el contenido: no se concreta una financiación, es una burla decir que estas medidas son para estabilizar al profesorado y tampoco establece mejoras para que los profesores puedan hacer una carrera docente, ir ascendiendo por méritos".

En la necesidad de facilitar la promoción y la carrera docente hace también hincapié Juan Diego Pedrera, presidente del área de Universidades de CSIF. "Es positivo que se abra una negociación y que el Gobierno demuestre su intención en este documento de mejorar la retribución de determinados tipos de profesores que están en una situación de desventaja, aunque no se explica cómo se hará", añade Pedrera.

Más irregularidad

El PSOE y CiU también han criticado de forma contundente el documento. Para Clementina Díez de Baldeón, portavoz de Educación del PSOE en el Congreso, "el texto propone avanzar en la irregularidad, en vez de dar soluciones. No han sido capaces de cerrar un acuerdo con el Ministerio de Hacienda y el documento es tan esquemático que no sirve de partida para trabajar sobre nada. Estamos igual que en la etapa de Esperanza Aguirre después de tanto hacer esperar a todos".

Según Carmen Laura Gil i Miró, portavoz de CiU en el Congreso, este documento no se parece a la propuesta que el Gobierno se comprometió a presentar al Consejo de Universidades hace unos meses: "Es una redacción tan abierta que no dice absolutamente nada. Su única intención es ganar tiempo, retrasar la reforma hasta el año 2000. El texto dice que a partir de ahora se reunirán los representantes de las comunidades autónomas y los de las universidades, así que nos podemos eternizar. Ésta no es manera de organizar un debate ni un método de trabajo".

Las representantes de estos dos grupos parlamentarios consideran "absurdo" pretender que alguna de las medidas se puedan aplicar el próximo curso, y resaltan que el texto no sirve para elaborar un real decreto. Según CiU y el PSOE, lo que políticos y rectores se esperaban eran medidas para flexibilizar las plantillas y dar cierta estabilidad a esos profesores hasta que se reforme en profundidad la LRU.