Los sindicatos aseguran que la ley para conciliar el trabajo y la familia fracasará

Los sindicatos CCOO y UGT criticaron ayer la ley con la que el Gobierno pretende hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo. Y no por su intención, que ambos alabaron, sino por la dificultad para que algunas de las medidas que contiene -reparto de los permisos de maternidad y prestaciones para las mujeres embarazadas en situación de riesgo, entre otras- se hagan realidad. El proyecto de ley para conciliar la vida laboral y familiar fue aprobado ayer por el Consejo de Ministros y será tramitado por vía de urgencia en el Congreso.

"Insuficiente", "poco ambicioso" y "decepcionante" fueron las calificaciones empleados por UGT. CCOO se limitó a subrayar que el texto, que considera positivo, no va a conseguir su principal objetivo: que las mujeres trabajadoras no dejen de tener hijos por miedo a perder su trabajo y que los empresarios no sorteen la contratación de mujeres por los costes de su maternidad.El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Manuel Pimentel, aseguró tras el Consejo de Ministros que con esta ley se da "un paso decisivo" hacia la igualdad de oportunidades y negó que pudiera dificultar la contratación de mujeres porque su coste "no lo va a pagar la empresa". Para conseguir este objetivo, el Gobierno apuesta por las siguientes medidas, que tienen un coste estimado de 3.169 millones de pesetas:

- Permisos de maternidad. El proyecto permite el reparto de las 10 últimas semanas de permiso -son 16- entre ambos padres. Es decir, que el hombre podrá quedarse en casa con el recién nacido todo ese tiempo, repartírselo con la mujer o seguir trabajando. Hasta ahora, el padre sólo podía disfrutar de las cuatro últimas semanas y de forma ininterrumpida.

Para CCOO y UGT, esta medida se queda corta, ya que no reconoce el permiso de paternidad, sino que se limita a recoger la posibilidad de que la madre ceda este derecho a su compañero. UGT cree además que la posibilidad de reparto puede quedarse en nada, ya que la trabajadora debe pactar el permiso con el empresario, que puede imponer fácilmente su criterio.

Otra novedad en relación a los permisos es el aumento de éstos en caso de partos múltiples: tres hijos supondrán un descanso de 18 semanas. Éste aumentará de forma progresiva dos semanas por cada hijo de más. El permiso máximo previsto ahora era de 18 semanas.

- Adoptantes. Tanto los adoptantes como aquellos que recurren al acogimiento familiar -esta figura permite que un niño tutelado por las instituciones viva, en principio de forma temporal, con una familia- podrán beneficiarse de los mismos permisos de maternidad que los padres biológicos. Eso sí, siempre que éstos no hayan cumplido los seis años.

Este hecho es criticado por CCOO, que cree que este derecho debe extenderse a todos los padres adoptantes, sin importar la edad de sus nuevos hijos.

- Embarazadas en peligro. La Seguridad Social se hará cargo, por primera vez, de aquellas embarazadas en situación de riesgo que deban abandonar su trabajo. Éstas cobrarán el 75% de la base reguladora (lo cotizado a la Seguridad Social) y tendrán asegurado que después del nacimiento de su hijo podrán volver al mismo puesto de trabajo. El Ministerio de Trabajo ha calculado que la medida costará 1.300 millones de pesetas en su primer año de aplicación.

Los sindicatos querían que esta posibilidad se extendiera durante el tiempo en que la madre diera el pecho al bebé y que la prestación alcanzara el 100%, como durante la baja por maternidad. A pesar de que no consiguieron que fuera así, ésta es una de las medidas de la ley que más le gusta.

Antes de poder acogerse a esta suspensión del contrato, la mujer deberá pedir el cambio de puesto si es éste el que convierte en peligroso el embarazo.

- Despido nulo. Las embarazadas no podrán ser despedidas en ningún caso. Ésto ya estaba recogido en la legislación laboral, pero de forma genérica. La nueva ley lo especifica y extiende a los supuestos de madres inmersas en un proceso de adopción o de acogimiento familiar. CCOO ve en éste uno de los aspectos más positivos del proyecto.

- Menos trabajo por motivos familiares. Por primera vez, un país de la Unión Europea prevé la reducción de jornada para hacerse cargo de familiares ancianos o enfermos que no puedan valerse por sí mismos, afirmó ayer Pimentel.

El mismo motivo servirá para pedir una excedencia, pero en lugar de los hasta tres años que ya pueden solicitarse para el cuidado de los hijos menores de tres años -CCOO había propuesto elevar esta edad límite a los ocho años-, en este caso se limitará a un año. De estas excedencias también podrán beneficiarse los padres adoptantes y los que tienen un niño en acogimiento familiar.

Para CCOO la exigencia de que el enfermo no pueda valerse por sí mismo es "muy restrictiva".

- Se queda fuera. Para los sindicatos, el texto pierde la oportunidad de incorporar algunas medidas. CCOO habla del olvido de algunas infraestructuras que ayudarían a materializar los objetivos de la ley -escuelas infantiles, por ejemplo-. El Consejo Económico y Social, que alabó el proyecto, también sugirió al Gobierno que lo acompañara con servicios de atención a las personas.

El texto reforma ocho leyes -Estatuto de los Trabajadores incluido- y un decreto ley para adaptar dos directivas europeas. Pero olvida, según CCOO, trasponer sus anexos, en los que se incluye la lista de sustancias que afectan a las embarazadas.

Para UGT el problema es que el texto puede quedarse en una mera declaración de intenciones. El incumplimiento de algunos derechos ya reconocidos a las trabajadoras, como los permisos de lactancia, puede extenderse a estas nuevas medidas, advierte el sindicato. Y éstas en ningún caso beneficiarán a ese 36% de trabajadoras con contratos temporales, cuya "perspectiva laboral es tan precaria que no podrán hacer valer sus derechos".