Hacer un libro

"¿Pensará vuesa merced ahora que es poco trabajo hacer un libro?". Como se recordará, con estas palabras Cervantes, en el prólogo a la segunda parte de El ingenioso hidalgo..., censura a Avellaneda por las frases despectivas que éste le había dedicado en su falso Quijote de 1614. El 23 de abril, aniversario, precisamente, de la muerte de Cervantes, se celebra en todo el mundo el día de hacer libros y de reconocer el mérito que hacerlos tiene. Desde hace cuatro años, la Unesco ha declarado este día, en el que recordamos también las muertes de Shakespeare y del Inca Garcilaso, Día Internacional del Libro y de los Derechos de Autor. Los libros son "el más poderoso factor en la diseminación de la cultura y en su mantenimiento", según afirmó la Unesco en 1995, al declarar que en esa fecha se celebrara en todos los países la significación del libro y de los derechos de autor. Pero, conviene recordarlo, los libros son, junto con la aventura, el conocimiento, la distracción, la compañía, la emoción o la risa, el producto del esfuerzo de quienes los han escrito y publicado para que millones de lectores nos miremos a lo largo de la historia.

Por cierto, este día del libro se celebra en España desde 1926, cuando Vicente Clavel, editor y periodista valenciano, convenció al ministro de Trabajo, Comercio e Industria Eduardo Aunós y al rey Alfonso XIII para instaurar su celebración. En el decreto de 1926 que declara al libro "sagrario imperecedero que difunde y expresa el pensamiento" se establecen también medidas para promover y proteger la difusión de los libros, desde la lectura obligada de libros en los colegios y la creación de bibliotecas públicas, con un porcentaje obligado que debían destinar a ello todos los ayuntamientos, hasta el establecimiento, todavía vigente, de un descuento de un 10% en el precio de los libros en fecha tan señalada. Fue, quizá, la primera de una serie de iniciativas públicas para promover la lectura de libros.

Desde entonces hasta nuestros días han sido incontables las medidas de diverso carácter que se han tomado en este sentido, aunque, por desgracia, se suelen dejar de lado las que deberían arbitrarse para conseguir lo primero y más elemental: retribuir a los autores y editores por el disfrute de su trabajo.

En efecto, la reproducción ilegal de sus obras por medio de la fotocopia no autorizada ocasiona a los titulares de derechos un daño económico que supera cada año los 10.000 millones de pesetas. No estamos hablando ya de "estímulos a la creación" o de un reconocimiento público que haga a los autores merecedores de consideraciones especiales, sino de que reciban por su trabajo lo que la ley dice que les corresponde.

El progreso técnico experimentado en los últimos años permite aumentar la difusión de la obra impresa por medio de la fotocopia, el fax, el escáner, etcétera, y, de manera todavía más espectacular, abre, gracias a los ordenadores y sistemas Intranet o Internet, posibilidades que revolucionan la comunicación escrita. El derecho de autor y los avances tecnológicos no son, por mucho que algunos se empeñen, incompatibles: por el contrario, la experiencia señala que el derecho de autor evoluciona y se perfecciona al compás de estos avances.

Contamos en España con una moderna Ley de Propiedad Intelectual, de 1987, que no se respeta en algunos aspectos sustanciales. Y, lo que es más grave, es el sector público, en un sentido amplio, el que menos dispuesto parece a cumplir la ley. Son demasiadas las universidades, bibliotecas públicas, centros de investigación y de documentación dependientes de los ayuntamientos, comunidades autónomas y del Estado que no han comprendido todavía que para mantener la piedra angular de su trabajo, los libros, deben usar pacíficamente del trabajo de los autores y de los editores, y pagar por las fotocopias que realizan de páginas protegidas por el derecho de autor.

Para saber de qué estamos hablando, será bueno traer a colación los datos de un estudio reciente encargado por CEDRO, la entidad de gestión colectiva de derechos que en nuestro país reúne a autores y editores. En España se fotocopian anualmente sin licencia 4.800 millones de páginas que corresponden a esos 10.000 millones de daño económico que representa casi lo mismo que los autores perciben de los editores. La parte de león de la ilegalidad se la llevan la enseñanza, 32%; las instituciones, 31%, y la Administración, 27%.

Como puede verse, no se trata de poca cosa y queda mucho por hacer. Quedan 4.800 millones de ilegalidades al año y numerosos titulares de derechos por percibir su justa remuneración. Una buena manera de celebrar el Día del Libro y del Derecho de Autor sería precisamente tomar conciencia de este problema y tratar de atajarlo. "Si no tenía libro nuevo, no me parece tenía contento", decía Santa Teresa. Pues precisamente para tener libros nuevos debemos empezar por dar a los autores y a los editores lo que es suyo.

Federico Ibáñez Soler es editor y presidente de CEDRO.