Las ONG sociales reclaman una nueva Ley de Asociaciones

Las ONG sociales -asistenciales, de tercera edad, de mujeres, de ayuda al drogodependiente, de gitanos, de discapacitados, de infancia y juventud, de inmigrantes...- reclaman al Gobierno una nueva Ley de Asociaciones, reformar la de Fundaciones, y facilitar la contratación pública de las entidades no lucrativas. CiU presenta mañana una moción para que el Gobierno tome medidas.

"Hace falta una nueva ley de Asociaciones, porque la vigente es preconstitucional y está desfasada", dice Josep Gassó, portavoz de la CONGS y presidente de la Fundació Catalana de l´ Esplaí, organización de infancia y juventud. "También hay que modificar la ley de Fundaciones, y si no da tiempo en el actual periodo parlamentario, podría incluirse en la ley de Acompañamiento de los Presupuestos"La CONGS no tiene datos propios sobre el sector -denominado por los especialistas Tercer Sector de Ámbito Social-, y por ello una de sus propuestas será elaborar un Libro Blanco. Un estudio de Asuntos Sociales de 1996 indica que el sector representa el 0,6% del PIB y agrupa a 100.000 profesionales y medio millón de voluntarios.

La CONGS pone sobre la mesa de negociación -cuya primera reunión se celebró el pasado 16 de marzo, con Presidencia del Gobierno y los ministerios de Economía y Hacienda y de Trabajo y Asuntos Sociales, además de las ONG- algunas propuestas: "Las entidades sin interés mercantil tienen que obtener facilidades", dice Gassó, " y hay que brindar estímulos para que la iniciativa privada participe en esas organizaciones. Buscamos una interpretación no restrictiva, distinta a la de la Agencia Tributaria".

A tal efecto, la CONGS propone establecer una clasificación de las entidades de interés social, a partir de "criterios consensuados entre el sector y la Administración". Asimismo, pide incluir en la ley de Contratos de las Administraciones Públicas la llamada "cláusula social", para que la contratación pública "sea un instrumento para la contratación de personas con riesgo de exclusión social". Gassó define la cláusula social como "la prueba del nueve de toda otra iniciativa".

Un punto problemático en el futuro puede ser la financiación del sector. Tras una reunión Gobierno-ONG el pasado enero, Amalia Gómez, secretaria general de Asuntos Sociales, habló de "garantizar las cantidades necesarias y razonables". El año pasado la asignación del IRPF al sector fue de unos 15.000 millones de pesetas. Gómez aseguró que no se va a reducir por ahora la asignación del 0,52% del IRPF. Pero ya en en mayo pasado, Aznar recalcó que tarde o temprano ese porcentaje será traspasado a las autonomías y que las ONG tendrán que adaptarse.

El secretario general del PSOE Joaquín Almunia, y la secretaria de Movimientos Sociales Carmen Cerdeira recibieron el pasado miércoles a la CONGS y expresaron su apoyo a una nueva ley de Asociaciones y a la reforma de la ley de Fundaciones. "La ley de Asociaciones data de 1964 y fue creada por el régimen franquista para impedir que la gente se uniera", dicen Cerdeira y el diputado Carlos Navarrete.

Con vistas a la elaboración de una nueva ley, el PSOE ha entregado a numerosas entidades un cuestionario con 30 preguntas, entre ellas si todas las asociaciones deben ser sin ánimo de lucro, qué número de socios es exigible, qué ayudas deben reservarse sólo a la utilidad pública, si hay que diferenciar entre ONG y asociaciones o qué Ministerio debe ocuparse del sector. "¿Es lógico?", plantea Navarrete, "¿que las asociaciones estén en Interior, si no hay suspicacia del Gobierno contra el movimiento asociativo?".