Contra el olvido

PARA QUE las víctimas perdonen, alguien debería pedirles perdón. La reciente sensibilidad hacia las víctimas del terrorismo contrasta con el silencio sin fisuras que se ha cerrado sobre ellas durante largos años. Se hablaba de reinserción de los presos, de sus derechos e incluso se amenazaba con denunciar ante tribunales internacionales la política penitenciaria de dispersión; pero nadie, fuera del círculo familiar más cercano y algunos penalistas que predicaban en el desierto, parecía reparar en la reinserción y en los derechos de las víctimas. En primer lugar, el derecho a ser reconocidas como tales, no como un efecto colateral inevitable de un "contencioso".El Gobierno aprobó ayer una proposición de ley que establece un sistema de indemnizaciones para los sobrevivientes de atentados y parientes de las víctimas mortales de todos los actos terroristas registrados desde 1968, año en el que ETA mató por primera vez. La medida responde al compromiso contraído por Aznar poco después del anuncio del alto el fuego por parte de la organización terrorista. El Gobierno se hizo eco, con acierto, de la inquietud de sectores que reclamaron atención y reconocimiento para las víctimas como condición previa a cualquier iniciativa de reconciliación en relación, por ejemplo, con los presos de ETA.

De un total de unas 900 víctimas, 774 fueron causadas por ETA, y unas 60, por los GRAPO. El resto corresponden a los GAL (27), Batallón Vasco Español y diversos grupúsculos terroristas. Se desconoce el número de heridos susceptibles de acceder a la indemnización, pero un escrito del juez Garzón publicado hace tres años hablaba de 1.904 heridos en atentados de ETA desde 1968. La proposición trata sobre todo de responder a la queja de las asociaciones de víctimas sobre las indemnizaciones fijadas por los tribunales y que los condenados por delitos terroristas no pagan al ser declarados insolventes. Hace dos años, un estudio de la Asociación de Víctimas del Terrorismo cifraba en 60.000 millones las indemnizaciones no satisfechas.

La norma aspira a paliar los problemas económicos asociados a la condición de víctima, y a evitar la discriminación de hecho existente entre quienes sufrieron los efectos del terrorismo antes y después de que se aprobaran, en 1985, algunas medidas de ayuda. Pero es evidente que en la iniciativa hay una dimensión moral, de reconocimiento colectivo. No puede haber paz sin ese reconocimiento. En el acuerdo sobre Irlanda firmado hace un año hay un capítulo sobre Reconciliación y víctimas de la violencia. Los firmantes estiman "esencial reconocer y abordar el sufrimiento de las víctimas" para alcanzar la reconciliación, y proclaman en primer lugar "el derecho de las víctimas a recordar". Es decir, a no olvidar.

También tienen derecho a no ser agraviadas con nuevas ofensas. La representante de Euskal Herritarrok en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco argumentó que eran víctimas todos los "afectados por el conflicto político", incluyendo los discriminados por "intentar usar el euskera". Equiparar el asesinato a cualquier otro hecho, por discutible que sea, es una pésima contribución a la paz.