Tres años de reforma hospitalaria del PP

El 75% de los españoles, según las encuestas del CIS, se siente satisfecho del Sistema Nacional de Salud. El Gobierno de José María Aznar cree, sin embargo, que es mejorable. Los hospitales clásicos que conocemos no disponen de una gestión autónoma y no funcionan con criterios empresariales; así que, como dice el presidente del Insalud, Alberto Núñez Feijoo, a un hospital no le importa si compra las prótesis más caras o si instala una máquina expendedora de tabaco en sus pasillos, porque el dinero no le repercute directamente. Eso va a cambiar. Ya está cambiando, porque el acopio de armas legales comenzó ya en 1996 y los hospitales que se están abriendo son ya distintos. En tres años han nacido el hospital de Alzira (250 habitaciones individuales), Manacor (186 camas) y Alcorcón (240 camas). Ninguno de ellos es ya como los que conocemos. Y no lo serán los próximos en abrir: Fuenlabrada, Calahorra y PalmaII. A los clásicos les aguarda el cambio una vez aprobada, a finales de 1998, la Ley de Fundaciones Públicas Sanitarias.El modelo de Alzira. Dinero público para gestores privados. Es el que más escandaliza a la oposición y los sindicatos. La Comunidad Valenciana, con 10.000 millones de dinero público, lo ha otorgado para su explotación a un consorcio empresarial en el que está la aseguradora privada Adeslas. El Gobierno valenciano financia la labor, basado en la población que cubre (230.000 personas), con 34.000 pesetas por cabeza: en total, 7.800 millones anuales. Si Adeslas lo gestiona bien obtendrá beneficios. El sistema está recurrido. Tanto Enrique Castellón, subsecretario de Sanidad, como Núñez Feijoo defienden la legalidad del modelo, pero añaden que a ellos no les gusta. Castellón incluso se niega a admitirlo como modelo; prefiere llamarlo fórmula. Sin embargo, esta fórmula que entrega el dinero público al gestor privado es ardientemente defendida por el presidente de Valencia, Eduardo Zaplana, un valor emergente en el PP, que fue el encargado de la ponencia de sanidad en el último congreso del partido.

El PP inventa fórmulas nuevas. El rearme legal. Antes de llegar el PP al poder, ya había empresas públicas gestionando hospitales y otros centros sanitarios. También había cierta concurrencia privada con el uso de hospitales concertados, fórmula muy extendida en Cataluña. Pero, para transformar los hospitales ya existentes, al PP no le gustaba ninguna de las existentes. El PSOE y los sindicatos aseguran su disposición a haber negociado el estatuto de los empleados sanitarios siempre que se hubieran respetado ciertas garantías, pero, roto el consenso, el PP prefirió colar en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del Estado, a finales de 1998, su Ley de Fundaciones Públicas Sanitarias. Ésta es la norma que cambiará la cara a los hospitales que conocemos. Con ella disfrutarán de mayor autonomía y sus directivos tendrán incentivos para intentar que los centros sean rentables, pues sus beneficios repercutirán en la organización. Si pierden dinero, la sanidad pública cubrirá el déficit. La ley prevé que los hospitales seleccionen y contraten a su personal, que fijen sus objetivos y que vendan o arrienden su patrimonio. Núñez Feijoo asegura que nunca se va a alquilar un quirófano, como barajaba un documento interno de La Paz de Madrid; también afirma que no va a haber más que contratos estatutarios. "Entonces, ¿por qué la ley incluye estas posibilidades?", se pregunta la portavoz socialista de sanidad, Ángeles Amador.

La más importante reforma se cuela en el Congreso. ¿Por qué una ley tan importante como la de Fundaciones Públicas Sanitarias se ha aprobado de forma tan subrepticia evitando el debate parlamentario? Los gestores de la sanidad alegaron motivos de urgencia para preservar los derechos adquiridos de los trabajadores de los hospitales convencionales. La oposición consideró el argumento peregrino, pues no había ninguna amenaza. Amador tiene otra explicación: el PP no quiso desarrollar el reglamento que la primera ley de nuevas formas de gestión, aprobada en 1997 con su apoyo, preveía, lo que hubiera supuesto un marco de garantías. Con la nueva fórmula, cada nueva fundación no necesitará una ley, y cada estatuto, un decreto, de manera que no será necesaria la tramitación parlamentaria. "Con las fundaciones se evita la participación social", resume la portavoz de IU, Ángeles Maestro. Para Pedro Díaz Chavero, secretario ejecutivo confederal de UGT, todo el mundo está de acuerdo en rentabilizar más los hospitales por las tardes y en modernizar la gestión. "Nosotros estábamos dispuestos a negociar", dice. "Tengo muchas llamadas no contestadas a la oposición", se defiende el subsecretario de Sanidad.

Un objetivo alcanzado. Reducir las listas de espera. La reducción de las listas de espera quirúrgicas en el Insalud, territorio que administra directamente el Gobierno de Aznar, lo computa en su haber el PP. Las cifras son elocuentes. La varita mágica ha venido de la mano de las nuevas tecnologías, según Núñez Feijoo. La mayor informatización para controlar y gestionar las listas y la extensión de la cirugía mayor ambulatoria, que aligeran enormemente la actividad en los quirófanos, han sido fundamentales. En 1995, el Insalud registró 36.000 operaciones de este tipo. En 1998 fueron 96.226. Se ha hecho también autoconcertación (horas extras en los hospitales por las tardes). A finales de año, promete el Insalud, la demora media para operarse será de sólo 60 días y no habrá nadie que espere más de seis meses. La oposición no acaba de creerse las cifras, porque se han interceptado órdenes enviadas a los hospitales con la siguiente consigna: "... Se recuerda la necesidad de disminuir las indicaciones quirúrgicas en los procesos que así lo permitan, de tal manera que el índice de entradas/ salidas en LEQ sea menor a la unidad...".

El primer decreto de ordenación farmacéutica. La tímida ofensiva al sector. El PP reclamó desde la oposición liberalizar el mercado de las oficinas de farmacia y, de hecho, el primer decreto que aprobó se refería a este sector. Sin embargo, el alcance liberalizador sólo afectó a los horarios. El decreto se completaba suavizando los requisitos para abrir nuevas farmacias y otorgando a las comunidades autónomas la potestad para ordenar el sector, hurtándoselo a los colegios farmacéuticos. En virtud de ese decreto, ahora puede haber una farmacia en una población de 2.800 habitantes (antes debía ser de un mínimo de 4.000) y ha quedado fijado un enorme abanico legal. En 1996 había en España 18.800 oficinas de farmacia. A fecha 31 de diciembre de 1998, la cifra era de 19.222.

El gasto farmacéutico. La asignatura pendiente. La elevada factura farmacéutica, la más alta del mundo en relación con el gasto total sanitario, es el punto débil de la sanidad pública. El Gobierno ha intentado rebajarla con escaso éxito. Ha hecho importantes acuerdos con Farmaindustria, como el de penalizarla en el caso de que no se lograran los ahorros establecidos, y a finales de 1998 aplicó su propio medicamentazo, negándole la financiación pública a 834 productos farmacéuticos. Al margen de haber puesto en marcha una medida similar a la que tanto criticó en 1993, cuando los socialistas la adoptaron, la realidad es que los esfuerzos en este terreno resultan hasta ahora poco halagüeños.

Doscientos genéricos autorizados. La introducción en el mercado de los medicamentos genéricos (aquellos cuya patente ha caducado y, por tanto, se pueden vender sin marca más baratos) es una medida que cuenta con consenso total por parte de todos los sectores y en todos los países. Sobre las bases ya iniciadas por el anterior Gobierno, éste dio el pistoletazo de salida el año pasado. A finales de 1999 habrá ya 200 genéricos autorizados. Habrá que esperar un tiempo para recoger sus frutos.