La Generalitat achaca a “los técnicos” el rechazo de 26 ayudas de otras comunidades justo tras la dana

Si la Generalitat valenciana descartó 26 ofrecimientos de ayuda de otros gobiernos autonómicos y organismos estatales horas después de la dana del 29 de octubre que causó 227 muertos fue porque los técnicos así lo decidieron. La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, del PP, ha atribuido este lunes la decisión a los profesionales de Emergencias —dependientes de la consejería denominada entonces de Justicia e Interior— de descartar el día 30 por la mañana las propuestas de gobiernos como el de Cataluña, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Galicia o Asturias. Así consta en la documentación remitida por el citado departamento (que ahora se denomina de “Emergencias e Interior”) al Juzgado de Instrucción Número 3 de Catarroja, a petición de su titular, que centraliza la investigación sobre la gestión de la emergencia a raíz de varias querellas y denuncias presentadas.

Camarero ha respondido a la información adelantada por Las Provincias que “en esas primeras horas” llegaron a la Comunidad Valenciana ofrecimientos de efectivos, la mayoría de bomberos, de “más de 120 lugares de España” y que fueron los responsables de Emergencias quienes las “canalizaron”. “Fueron los técnicos de emergencias quienes coordinaron la labor de estos profesionales; eran ellos quienes podían determinar el número, a eso obedece los que llegaron y los que fueron descartados y que llegaron en un momento posterior”, ha agregado, tras participar en la presentación de la donación de la firma japonesa Kawai (en colaboración con Pianos Clemente), de dos pianos de cola (con un valor conjunto cercano a los 60.000 euros) para los conservatorios de Utiel y Catarroja, dañados por la dana.

La voluminosa documentación enviada al juzgado de instrucción, a instancias de la magistrada, contiene una relación de los ofrecimientos. A las 11.12 horas, por ejemplo, el 112 de Galicia recibe el siguiente mensaje de respuesta de Emergencias de la Generalitat: “Gracias, pero paralicen salida hasta nuevo aviso. Saludos y disculpen”, tal y como recoge el citado diario. En otros casos, desde Emergencias de la Generalitat, que estaba dirigida por la consejera Salomé Pradas, cesada semanas después de la dana, se señala que en “ese momento no es necesario el desplazamiento”. Fuentes judiciales han confirmado a este periódico la procedencia de la documentación.

Una de las quejas generalizadas entre los afectados por la dana es la falta de ayudas y la sensación de abandono, sobre todo en las primeras jornadas posteriores a la catástrofe. Este periódico comprobó en poblaciones de la zona cero, como Paiporta o Picanya, la presencia durante aquellos días de policías, bomberos o miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME), pero en un número muy escaso. Un despliegue que fue manifiestamente insuficiente entonces para llegar a la mayor parte de las áreas afectadas, dada la enorme magnitud de los destrozos, que han provocado unas pérdidas económicas de alrededor de 17.000 millones de euros, según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).

Rechazo

La pasada semana, el presidente valenciano, Carlos Mazón, del PP, acusó al Gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez y al PSOE de orquestar una campaña contra él. Y una de esas acciones fue “rechazar expresamente la ayuda de cuatro países” durante los primeros días tras la dana, según indicó a raíz de una noticia publicada por Abc sobre el retraso en el envío de un grupo de especialistas por parte del Gobierno.

Otra de las líneas discursivas reiteradas en la última semana por Mazón y Camarero pasa por incidir en que en el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) se toman las decisiones de manera colegiada, conjunta. De esta manera se amplían y difuminan las posibles responsabilidades políticas. El propio consejero de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, en una carta enviada al Gobierno, reconoce en una carta al Gobierno que el Cecopi no es un órgano colegiado. Y en el mismo sentido se ha manifestado el vicepresidente para la Reconstrucción, el general jubilado Francisco José Gan Pampols. En el Cecopi también participan representantes estatales, como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, si bien el mando recae en la persona titular de la consejería de emergencias, según la normativa.

La composición y el funcionamiento del Cecopi ha centrado buena parte del reciente debate político en la Comunidad Valenciana a raíz de la petición de la jueza de Catarroja de preguntar a la Generalitat quién tomó la decisión de enviar el mensaje de alarma de SMS (sistema ES-Alert) a los móviles de la ciudadanía sobre las 20.11. La magistrada reiteró el pasado viernes la petición al no recibir la respuesta y dio un plazo de cinco días al Gobierno de Mazón. También ha requerido a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, datos sobre el caudal del barranco del Poyo ―epicentro del desbordamiento que originó la riada― entre las 16.13 y las 18.42 horas del día de la catástrofe.

Cuando se desató la dana, el Ejecutivo valenciano decretó el nivel 2, que implica solicitar el auxilio de los medios del Estado, pero sin renunciar en ningún momento a mandar el operativo. El nivel 3 supone que el mando operativo pasa a manos del Gobierno central, en concreto, del titular del ministerio de Interior.