La jueza desmonta al Gobierno de Mazón: “Correspondía a las autoridades autonómicas alertar a la población”

La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana que el pasado 29 de octubre dejó 225 muertos y tres desaparecidos, Nuria Ruiz Tobarra, emitió este lunes un auto que supone un salto cualitativo en la instrucción del caso, tanto por la imputación de los responsables de Emergencias en la Generalitat Valenciana —la exconsellera Salomé Pradas y el ex secretario autonómico Emilio Argüeso— como por el relato que hace de la gestión de la Administración autonómica. El auto de Ruiz Tobarra es toda una enmienda a la totalidad a las tesis que hasta ahora ha esgrimido el Ejecutivo de Carlos Mazón para blindarse de las críticas a su actuación ante la mayor catástrofe que ha arrasado Valencia. Punto por punto, la jueza desmonta la gran mayoría de sus argumentos, desde la falta de información para alertar a la población hasta el reparto de las competencias en la emergencia. Estas son las principales recriminaciones de la magistrada:

Alerta a móviles “tardía y errónea”

Frente a los argumentos del Consell, que asegura que no envió la alerta a móviles a través del sistema ES Alert antes de las 20.11 horas porque carecía de información fiable de organismos gubernamentales como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), la magistrada considera que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisó con suficiente antelación de la magnitud de la dana. “La previsión estaba en posesión de las autoridades autonómicas”, recoge la jueza en su auto, “a lo que ha de sumarse la constatación efectiva de las lluvias de aquel día.

Por eso, instituciones como la Universidad de Valencia suspendieron sus clases e impidieron que la tragedia salpicara a sus 50.000 estudiantes, profesores y trabajadores. “La dana no fue un fenómeno meteorológico imprevisto”, estima la jueza. Y recuerda que, cuando llegó la misiva a los teléfonos, que define como “tardía y errónea”, ya había desaparecidos, fallecidos y personas atrapadas en garajes y plantas bajas.

La magistrada considera “inexplicable” que el mensaje a móviles no advirtiera de la necesidad de resguardarse en zonas altas -la mayoría de fallecidos fueron ancianos que quedaron atrapados en bajos y garajes- y se ciñera solo a pedir a la población que evitara los desplazamientos.

Sin mencionarla por su nombre, la magistrada censura la declaración de la entonces consejera Pradas, que atribuyó la tardanza en el envío del mensaje ES Alert a los técnicos reunidos en el Cecopi. “Resulta nuevamente extraño que se pretenda descargar en los técnicos el contenido del mensaje, no se dice cuáles, en el informe remitido [al juzgado]”, carga Nuria Ruiz Tobarra en su auto. La instructora recuerda que el objeto de sus pesquisas es la investigación de los posibles delitos de homicidio (penado con entre uno y cuatro años de cárcel) y lesiones imprudentes (castigado con hasta tres de prisión).

El Cecopi se reunió tarde

El Cecopi –el órgano de emergencias de la Generalitat– inició su reunión el día de la riada a las cinco de la tarde, cuando decenas de personas llamaban compulsivamente desde las poblaciones valencianas de Chiva y Cheste al servicio telefónico 112 para alertar de inundaciones por el desbordamiento del barranco del Poyo, que fue el detonante de la tragedia al desbordarse y desatar las riadas.

La magistrada cree que este dispositivo de crisis, en el que participaron 29 representantes de instituciones de emergencias autonómicas, estatales y municipales, debió reunirse la mañana de la fatídica jornada. “La convocatoria del Cecopi se llevó a cabo con una gran demora, a lo que ha de sumarse que la toma de decisiones por la administración autonómica destinada a alertar a la población se produjo con un retraso todavía mayor”.

La jueza reprocha que se produjeran “apagones” en el órgano de emergencias que impidieron a los representantes de instituciones que participaron a través de videoconferencia seguir toda la reunión, como le ocurrió a los funcionarios de la CHJ. A la instructora también le ha sorprendido que este dispositivo reconociera ante el juzgado que no levantó actas ni grabó la sesión de su reunión de crisis del 29 de octubre “No es una contestación explícita a lo solicitado”, zanja Ruiz Tobarra.

La responsabilidad de la tragedia fue autonómica

La responsabilidad de prever, diseñar el dispositivo de protección civil y avisar a la población de la dimensión de la gota fría del pasado 29 de octubre fue del Gobierno autonómico: “Correspondía a las autoridades autonómicas alertar a la población, acordar las medidas pertinentes en el ámbito de protección civil, garantizar y minimizar las consecuencias de los efectos de unas precipitaciones que desbordaron ríos y barrancos, pusieron al límite las presas, y que produjeron una sucesión trágica de fallecimientos”. Es más, la jueza señala que eso es lo que constituye el fundamento de una negligencia “con relevancia penal” que pudieron cometer los dirigentes de la Generalitat, “la imprudencia grave”. “La atribución de dichas funciones a la administración autonómica y, por ende, a sus cargos y autoridades, es de ser garantes para que no hubiera fallecidos”, advierte la resolución.

La administración autonómica tuvo una “inactividad patente” en la gestión de la riada, según la instructora. Ruiz Tobarra recuerda que sus pesquisas no ponen el foco exclusivamente en el desbordamiento del barranco del Poyo. Y arremete contra la falta de previsión de los responsables autonómico.

Datos suficientes para temer lo peor

La instructora considera que tanto la Aemet como las llamadas al 112 y los medios de comunicación avisaron suficientemente de la gravedad de la situación y que la Generalitat tenía datos suficientes para valorar el alcance y peligrosidad de la dana. Y cita como ejemplo de fuentes informativas solventes los avisos tres días antes de Aemet, las llamadas al servicio telefónico de emergencias autonómico 112 —que recibió 19.821 comunicaciones la jornada de la tragedia y tuvo su punto álgido entre las 17.00 y 18.00 horas (1.462 llamadas)— y los medios de comunicación. Como ejemplo, cita a la televisión autonómica À Punt, que desde la mañana del aciago día retransmitía en bucle rescates e inundaciones. “En Chiva se ha desbordado el barranco del Gayo”, reportaron los informativos de este canal a las 15.07 horas.

Como ejemplo de información que revelaba la magnitud de la catástrofe, la magistrada recoge en su auto decenas de llamadas desesperadas al 112 desde el mediodía. “En Utiel, mujer de 82 años no puede subir a la planta superior”, indica una comunicación a este centro a las 14.01 horas. “En Chiva se producen tres llamadas: el agua está empezando a entrar en la vivienda. Se está inundando la casa”, reporta otra llamada a las 16.40. “En Turís, a las 17.18 horas entra agua por encima de las rodillas y subiendo”. “A las 17.19 horas se les inunda la casa”, recoge la instructora como muestra de la catarata de datos que manejaba la administración autonómica y no usó para alertar a la población y minimizar las muertes.

La jueza también menciona la información que proporcionó a la administración autonómica la CHJ. “El problema no radica en la falta de información, la había sobrada y por innumerables medios [...], sino en el hecho de que esta se ignorara o no se comprendiera su alcance”. Y sugiere que los dirigentes de la Generalitat no sabían qué poblaciones cruzaba el barranco del Poyo, que desató la tragedia al desbordarse en municipios como Paiporta o Catarroja, donde la dana dejó 45 y 25 muertos, respectivamente. “El anuncio de las precipitaciones hacía previsible las gravísimas consecuencias y la sucesión de afectados a medida que el agua y el barro se desplazaban, desbordando barrancos y ríos y poblaciones”.

El Gobierno de Mazón, en la mañana de la aciaga jornada, auguró que el temporal se desplazaría por la tarde a la serranía de Cuenca. Y que sobre las seis, la gota fría reduciría su intensidad. El president borró un mensaje en X (antes Twitter) que recogía su predicción. A esa hora las lluvias torrenciales causaron la mayor devastación.