La Eurocámara, condenada por abuso de poder en la elección de sus cargos

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas -con sede en Luxemburgo- acaba de dictar una sentencia contra el Parlamento Europeo en la que anula el nombramiento del director de su oficina en España, Ignacio Samper Cimorra, tras apreciar "desviación de poder" en el procedimiento para su designación. Anula la decisión y le condena a pagar las costas. Una segunda sentencia cancela otro nombramiento en un caso parecido. Y un tercer proceso judicial, directamente entablado contra el presidente de la Eurocámara, José María Gil-Robles, llega el martes a la decisiva fase oral, que dirimirá sobre las acusaciones de abuso de poder y favoritismo en beneficio de un funcionario español.

El Grupo de Sabios que investigó el fraude y el nepotismo en la Comisión Europea concluyó denunciando un caso de favoritismo: la contratación de un dentista amigo por la comisaria francesa Edith Cresson para un puesto a cuyas exigencias profesionales no respondía. El informe de los sabios provocó la dimisión en pleno de la Comisión que en enero ya intentó forzar una fracción del Parlamento Europeo presentando una moción de censura rechazada por una corta mayoría. Dos sentencias del Tribunal de Luxemburgo ponen ahora de relieve que en la Eurocámara también se dan casos de favoritismo.Ahora es la instancia superior del Tribunal quien condena al Parlamento por "desviación de poder" en el nombramiento de su director en España. La "desviación" es el galicismo que el Tribunal utiliza para traducir el abuso o la extralimitación. La sentencia, publicada el jueves, acepta el recurso del candidato rechazado, basado en esa acusación de "desviación de poder". Este consistió en suprimir determinados requisitos para cubrir la plaza entre una convocatoria y la siguiente, lo que incrementó las posibilidades de Samper que fue finalmente nombrado al estar cortado a su medida todo el procedimiento. Hubo discriminación, es decir, favoritismo.

El nombramiento ahora anulado por el Tribunal fue decidido durante el mandato del anterior presidente, el alemán Klaus Hänsch. La desviación de poder consiste en utilizar las competencias de que se dispone para servir a una finalidad distinta de la que fijó el legislador. La sentencia dictamina que el Parlamento violó el Estatuto de los funcionarios en un artículo clave, el 29, que establece las condiciones y las fases que deben seguirse en la atribución de puestos.

Segundo caso

Otra sentencia del pasado 9 de marzo -redactada por el Tribunal en primera instancia- sobre un caso distinto, pero parecido, anula otro nombramiento, esta vez decidido bajo el mandato de Gil-Robles. Un funcionario del Parlamento Europeo, Pierre Richard, optaba a la jefatura del departamento de Equipamiento y servicio interior, con el apoyo de su director general. Su candidatura fue rechazada el 8 de enero de 1997, en favor de la de una funcionaria sueca. Richard reclamó, acusando a la cúpula del Parlamento de violar el artículo 29 y también el 7, por el cual los destinos deben atribuirse "tomando únicamente en cuenta el interés del servicio y sin consideración de la nacionalidad".

El tercer caso concluirá el martes la fase escrita y entrará así en la decisiva fase oral. La candidatura a la jefatura de Gestión Técnica de Edificios del funcionario francés Dino Cantoreggi, quien la había ocupado interinamente, fue rechazada por Gil-Robles, quien atribuyó el puesto a un español, L. M. Ll., procedente del exterior, pues provenía de la Comisión Europea, donde trabajó en el gabinete del entonces comisario Abel Matutes, y en las direcciones generales de Agricultura y Relaciones Exteriores.

Cantoreggi acabó acudiendo al Tribunal. Denunció la presunta violación del famoso artículo 29 y del artículo 4, por el cual sólo "si no fuere posible cubrir la vacante mediante traslado, promoción o concurso interno" se acudirá a cubrirla con candidatos procedentes de las otras instituciones. Alegó que el entonces secretario general del Parlamento Europeo, Enrico Vinci, dictaminó su adecuación al puesto: "En el plano funcional debería atribuírsele; no hay duda de que responde a las necesidades del puesto", escribió este alto cargo.

Más aún: rechazarlo por razones de equilibrio geográfico de los funcionarios "sería tachado de irregularidad y podría ser impugnado ante el Tribunal", alertó Vinci, porque el equilibrio geográfico sólo complementa al requisito esencial, la adecuación profesional al puesto, o sea, "las más altas cualidades de competencia" que exige el artículo 27.

Infracción

Cantoreggi denunció pues la presunta infracción del artículo 27 y en consecuencia "una desviación de poder en la medida en que la autoridad ha nombrado un candidato, sin tomar únicamente en cuenta el interés del servicio, en función de la cuota de nacionalidad y a fin de reservar el empleo a un candidato que resulta ser de la misma nacionalidad que el presidente del Parlamento Europeo, quien ha actuado como autoridad investida de poder de nombramiento" en este caso.

La posible "discriminación" y violación del "principio de igualdad de trato" que denuncia además el candidato rechazado se dirimirá en función de si la calificación profesional del español elegido para el puesto era o no la adecuada.

¿Hubo o no hubo favoritismo en beneficio del español? "Hemos cumplido las normas en cada momento", aseguró a este corresponsal el portavoz de Gil-Robles. "A igualdad de méritos tenemos la obligación moral de equilibrar la composición geográfica" de los altos cargos, concluyó el portavoz.

El último problema está pues en la valoración de los méritos. Un director general, antiguo superior de L. M. Ll. en la Comisión, dejó un informe escrito en el que le consideraba "incapaz de escribir una sola línea de una nota o un informe", que "jamás ha tomado una sola iniciativa" y otros extremos aún más duros.

El portavoz del presidente dudó, en cambio, de la adecuación de Cantoreggi al puesto al que aspiraba ya que "desde hace dos años, la política de edificios era un desorden, carecía de planificación", y el funcionario francés fue durante un año el responsable de su gestión con carácter interino.