Una deuda de 30.000 millones de pesetas en toda España

La deuda que arrastran los morosos de todas las comunidades de vecinos de España alcanza ya los 30.000 millones de pesetas, según el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas. Pero todas las medidas que dispone la nueva Ley de Propiedad Horizontal para perseguir a estos vecinos insolidarios permitirán recuperar entre un 85% y un 90% de esa cantidad si las comunidades de propietarios actúan contra ellos, afirma la organización colegial. Es decir, 27.000 millones de pesetas en total. Andalucía es la comunidad autónoma donde más millones adeudan los vecinos morosos: 4.700 millones de pesetas, de los que 4.230 se podrían recuperar, siempre según el Consejo de Administradores de Fincas, cuando entre en vigor la ley. Detrás de ella, Cataluña (4.600 de deuda / 4.140 recuperables), Valencia (3.400 / 3.060) y Madrid (3.200 / 2.880).Lo que no dicen los administradores es cuándo se producirá ésto. Y es que, admite el director de la revista especializada Sepin, Daniel Loscertales, "que la ley disponga unos plazos para actuar contra los morosos, no quiere decir que los juzgados puedan cumplirlos".

En cualquier caso, la Ley de Propiedad Horizontal no hará que desaparezcan de forma automática los morosos, ni los litigios que sus vecinos emprendan contra ellos, asegura el presidente de la Confederación de Asociaciones de Vecinos del Estado Español (CAVE), Fernando Martos, porque "con leyes no se arreglan los problemas de convivencia". Martos cree que el problema radica en que los ciudadanos no están acostumbrados a cuidar los espacios comunes de los inmuebles en que viven como si fueran su propia: "Tendrían que cuidar el descansillo de su edificio como si fuera su coche".

Arreglar problemas

El presidente de la CAVE asegura que la mayor parte de los morosos lo son porque están enfrentados con la comunidad o con algún vecino, no porque no puedan abonar la cuota correspondiente. Es decir, es un problema de educación, no legal.

Pero Fernando Martos está seguro de que la nueva ley, cuando entre de forma definitiva en vigor y sea adaptada a los estatutos de todas las comunidades, "arreglará muchos problemas" y facilitará la supervivencia económica de muchas de ellas.

Esa visión optimista la comparten los colegios de administradores de fincas que, según su presidente, Manuel Roberto Enguídanos, "tendrán mucho trabajo a partir de ahora". Por el momento deberán informar a todos los afectados de las nuevas obligaciones.