Los nacionalistas rebajan una propuesta de la oposición sobre el trabajo de las empleadas de hogar

Ni siquiera el estado de precariedad por el que atraviesan las empleadas de hogar logró que los nacionalistas y la oposición consensuasen ayer una proposición no de ley para paliar su situación. Los partidos nacionalistas rebajaron una propuesta de PSE, IU y PP que reclamaba al Gobierno la puesta en marcha de una campaña de sensibilización hacia las trabajadoras domésticas. PNV, EA y EH se limitaron a pedir al Instituto Vasco de la Mujer que analice si dentro de sus posibilidades presupuestarias se encuentra la de acometer una campaña así.

A pesar de que todas las formaciones políticas coincidieron en criticar el mal momento que históricamente ha vivido y vive este colectivo de mujeres, no lograron ir más allá de que el Parlamento vasco apoye el reconocimiento social de estas mujeres al considerar que su trabajo "ha venido sufriendo y sufre una importante infravaloración social" que no puede continuar. Este debate parlamentario llega poco tiempo después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco denegara una pensión de invalidez permanente a una empleada de hogar por entender que el trabajo doméstico no requiere de un importante esfuerzo físico. La Comisión de Trabajo y Acción Social de la Cámara estudió ayer una proposición no de ley presentada por IU en la que, además de reclamar una campaña de sensibilización al Ejecutivo, instaba al Gobierno central y al Congreso a que equiparasen los derechos de las trabajadoras del servicio doméstico -regulados en el Régimen Especial de las Trabajadoras del Hogar- con el de los trabajadores por cuenta ajena en el Estatuto General de los Trabajadores. Populares y socialistas apoyaron la iniciativa. El PNV defendió que el futuro debate sobre los Presupuestos es el mejor momento para que la oposición plantee enmiendas que incluyan la consignación de fondos para la campaña de sensibilización y no ahora, cuando aún funciona una prórroga presupuestaria. La representante de EH en el debate, Raquel Peña, exigió a los partidos de ámbito estatal que reclamen en Madrid la equiparación de derechos de las empleadas de hogar con el resto de trabajadores a efectos de la Seguridad Social porque Euskadi no dispone aún de las competencias. "Desde Euskadi", señaló, "sólo podemos expresar una opinión, pero no podemos promover modificaciones". Así, en la proposición no de ley de los nacionalistas, el Parlamento se manifiesta simplemente partidario de avanzar en la integración en el Régimen General de la Seguridad Social del Régimen Especial de Empleados de Hogar, en lugar de instar como planteaba la propuesta de la oposición. Los "niños de la guerra" Donde sí hubo pleno consenso fue en la petición de medidas urgentes para que se reconozca el estatus de "emigrantes forzosos" a los conocidos como niños de la guerra", los vascos que fueron evacuaron a la antigua URSS durante la Guerra Civil y que han retornado a Euskadi en condiciones económicas muy difíciles. El reconocimiento de "emigrantes forzosos" por parte de la Seguridad Social les facilitaría el acceso a una pensión específica -al menos el salario interprofesional, que supera ligeramente las 60.000 pesetas mensuales-, teniendo en cuenta las profesiones ejercidas y los años trabajados en las repúblicas que conformaban la URSS. En la actualidad viven en Euskadi 80 niños de la guerra. Cuando regresaron en 1995 y 1996 recalaron en el País Vasco con una serie de convenios firmados entre el Gobierno central y los ejecutivos de Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Mientras, repúblicas como Ucrania, Moldavia, Georgia o Azerbaiyán no tienen firmado nada con la Seguridad Social por lo que no pagan. Los convenios garantizan a los niños de la guerra el cobro de una pensión no contributiva. Es decir, las repúblicas ex soviéticas aportan 30.000 pesetas y la Seguridad Social complementa la pensión con otras 27.000 pesetas. Sin embargo, la situación de deterioro de estas repúblicas les ha llevado a dejar de contribuir con su parte. Por otra parte, el Parlamento instó al Ejecutivo a poner en marcha los gabinetes de mediación familiar, un servicio que tratará de evitar que los litigios por separación o divorcio lleguen a la vía judicial. Para ello, arbitrarán el cumplimiento de lo que hayan acordado las dos partes.