Caos en Ecuador por las protestas de los sindicatos y de los indígenas
La situación de Ecuador es lo más parecido al caos total. Las organizaciones sociales, los indígenas y los sindicatos han declarado la guerra al Gobierno tras conocer las medidas urgentes (en especial la subida de los combustibles en un 160%) para enfrentar la crisis económica anunciadas por el presidente Jamil Mahuad tras la huelga general de la pasada semana.
Ayer, vehículos atravesados estratégicamente en los cruces callejeros en las principales arterias de Quito y de las principales ciudades del país, neumáticos en llamas y barricadas impidieron el tráfico y paralizaron las actividades. Por si fuera poco, los maestros han radicalizados sus protestas y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador anunció un levantamiento indígena en todo el país y de duración indefinida. Desde la mañana de ayer, los indígenas cortan las carreteras del interior para evitar que los productos agrícolas lleguen a la capital. La reivindicación es clara: o Mahuad retira las medidas (que han cuadruplicado el precio de algunos productos) o que dimita.
En las puertas de los bancos, las fuerzas de seguridad trataban de mantener el orden ante la avalancha de clientes ansiosos de retirar sus fondos. La medida del Gobierno de cerrar los bancos durante una semana y congelar por un año la mitad de los depósitos alarmó a la población.
El Gobierno de Mahuad sólo ha respondido con dos peticiones: una al Ejército para que devuelva el orden público; la segunda, al Banco Intermericano de Desarrollo y a la comunidad internacional para que evite con recursos económicos "que la democracia se ponga en peligro". Sin embargo, tendrá que pensar en algo más porque ayer el Partido Social Cristiano (PSC), segunda fuerza política del país, anunció que ya no apoyará a Mahuad. "Haremos una oposición total, directa y frontal", anunció el diputado Javier Neira, quien dejó claro que el PSC no apoyará en el Congreso la aprobación de las medidas adicionales presentadas por el Gobierno (un aumento del 50% en el IVA, nuevos impuestos a los vehículos y varios procesos de privatización).
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