La descoordinación entre instituciones acelera la creación de una ley cartográfica vasca

Los responsables de la Dirección de Ordenación del Territorio pretenden que antes de un año sea aprobada la denominada Ley de Ordenación de la Cartografía vasca, ante las evidentes muestras de descoordinación, duplicidades y encarecimiento de los gastos que representa la actual situación. "Cada uno hace la guerra por su cuenta", describe de manera elocuente Juan José Salaberri, responsable del servicio de Información Territorial y Cartografía del Ejecutivo autónomo.

Salaberri cree que se han superado las reticencias iniciales de las tres diputaciones para conformar una legislación común que aúne criterios cartográficos y racionalice los gastos entre las instituciones. El responsable del servicio cartográfico destaca que su departamento tiene un presupuesto anual de 150 millones de pesetas, "una cantidad similar, o incluso menor, a la que las diputaciones destinan a creación de mapas y planos". La futura ley, que aún se encuentra en fase de anteproyecto, persigue crear una comisión en la que participen las instituciones implicadas (Gobierno vasco, diputaciones y ayuntamientos), así como las empresas privadas del sector. El texto cuenta con dos títulos básicos: el primero presenta unos condicionamientos generales sobre la ordenación de la cartografía, mientras el segundo se centra en los tipos de señales y nomenclatura referente a la infraestructura cartográfica. La normativa que derive de esta ley será elaborada y controlada por la citada comisión, que mantendrá contactos con el Instituto Geográfico Nacional y el Servicio Geográfico del Ejército, dos instituciones que trabajan en todo el territorio español. "Desorden absoluto" "El panorama actual es de un desorden absoluto", señala Salaberri, "pero no sólo entre las diferentes administraciones, sino que dentro del mismo Gobierno y las diputaciones cada departamento elabora sus propios mapas". Describe cómo un reciente mapa de carreteras realizado por el área de Transportes "difiere en topónimos, genéricos y contenidos con los datos que ofrece el departamento de Ordenación". Otro ejemplo muy gráfico se produjo cuando técnicos del Gobierno vasco se disponían a instalar una antena en la sierra de Elguea dentro de territorio alavés y fueron alertados por un guarda forestal de que se hallaban a 500 metros del límite provincial, pero en el lado guipuzcoano. "La cartografía básica debe ser única para todos los agentes que trabajan en este campo dentro de la comunidad autónoma vasca, lo que no impide que cada institución siga trabajando sus propios temas", indica el responsable del servicio de Información Territorial. Esta unificación de criterios permitirá ahorrar esfuerzos y gastos "al encargarse cada Diputación de un sector de la cartografía, que se tomaría como referencia para el resto de las administraciones". El Gobierno pretende subvencionar una parte de los presupuestos parciales, así como crear una base de datos común, a la que tendrían un acceso todos los agentes implicados. En la actualidad, los ayuntamientos pueden percibir hasta un 75% de los gastos que les ocasiona la elaboración de la cartografía urbana, que ya se realiza de manera digital o tridimensional a través de los nuevas tecnologías informatizadas. Las aplicaciones prácticas de estos sistemas cartográficos son amplias, y van desde la ejecución de obras públicas urbanas hasta la construcción de autopistas o redes viarias interterritoriales. "En el País Vasco nos encontramos en una situación muy avanzada con respecto a otras zonas del Estado, y ya en 1991 contábamos con una cartografía tridimensional digital de toda la comunidad a escala 1/10.000", recuerda Salaberri. "Pero hasta el año 80 eran las diputaciones las competentes en esta materia y no existía una coordinación entre ellas".