Los años de la justicia son décadas

El retraso de los tribunales, el mal del que los ciudadanos más acusan a la Administración de Justicia, según las encuestas, ofrece ejemplos vivos, como el de una ciudadana gallega, a la cabeza de una comunidad familiar de herederos, que reclama al Ministerio de Justicia 200 millones de pesetas por la no ejecución de una sentencia 33 años después de dictarse, o como el de un ex director de Caja Rural, que ayer ingresó en la cárcel de Murcia, 16 años después de cometer los delitos de falsedad y estafa por los que se le condenó y que él sigue negando.María de los Ángeles Teijeiro, de 58 años, vecina de Quiroga (Lugo), representada por su sobrino, Julio Montenegro Teijeiro, presentó en diciembre de 1998 una reclamación patrimonial al Estado ante el Ministerio de Justicia, fundamentada en el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Teijeiro alega que una sentencia firme dictada por un tribunal de A Coruña el 20 de mayo de 1965 continua a estas alturas sin ejecutarse.

"Estoy destrozada de los nervios", declaró ayer Teijeiro a este periódico, "porque todo el mundo dice que la situación está clara, pero el caso es que seguimos indefensos después de 33 años; arruinaron mi vida en los juzgados, en donde vemos malas caras a pesar de que lo único que pedimos es que nos den lo nuestro; debe ser cosa del demonio, o de alguna meiga..."

Los hechos se iniciaron en 1961, cuando la comunidad hereditaria que representa Montenegro interpuso una demanda civil ante un juzgado de Lugo contra el Estado y el Patrimonio Forestal, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Folgoso de Caurel y otros. En 1963 el juez dictó sentencia.

Apelada por los demandados, la entonces Audiencia Territorial de La Coruña resolvió la apelación mediante sentencia de 20 de mayo de 1965, en la que se declaró, entre otros puntos, que los montes descritos por los demandantes son de su propiedad y se ordena a los demandados dejar libres y a disposición de los primeros los perímetros señalados.

Una vez firme la sentencia, la no ejecución de la misma, que los reclamantes atribuyen "a la pasividad del juzgado" de Lugo -en el que se han sucedido distintos jueces-, produce, según detallan en su reclamación, "serias irregularidades administrativas". Pero el motivo de la reclamación, señalan, "es la pérdida económica que supone el hecho de no poder haber dispuesto durante más de 30 años de una propiedad cuyo valor, por extensión y capacidades de explotación, es superior a los 2.500 millones de pesetas".

Los reclamantes invocan el artículo 121 de la Constitución, según el cual los daños causados como "consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia darán derecho a una indemnización a cargo del Estado", así como la Ley Orgánica del Poder Judicial, que desarrolla dicho precepto, y aportan jurisprudencia constitucional en apoyo de su pretensión.

Otra dilación llamativa se ha conocido en Murcia. Alfonso Ruiz Agudo, de 56 años, vecino de Cehegín (Murcia), ingresó en prisión ayer para cumplir una condena de cuatro años y ocho meses de cárcel impuesta en 1994 por falsedad y estafa, delitos cometidos en 1983, cuando el condenado era director de oficina de la Caja Rural Provincial, después absorbida por Cajamurcia.

Tras la sentencia condenatoria, Ruiz Agudo pidió el indulto, que le fue denegado en septiembre de 1998. Su abogado, el letrado José Luis Mazón, invocó ante el Tribunal Constitucional que el cumplimiento tan tardío de la pena carece de eficacia resocializadora. El 10 de febrero último, al rechazarle el amparo, el Constitucional reconoció que "el indulto, aquí intentado sin éxito, hubiera sido un mecanismo admisible para paliar las indebidas consecuencias personales, familiares, laborales o de otra índole que del indebido retraso puedan derivarse para el condenado".

Ruiz Agudo, que ha presentado una queja ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, declaró ayer, antes de ingresar en prisión: "Mi familia y yo hemos sufrido lo que no se puede imaginar durante estos 16 años, que he vivido sin mancha. Han devastado mi vida; esperaba el indulto, ya sólo confío en mi familia".