Los países, divididos entre indemnizar o castigar

En España, el ministerio de Sanidad se comprometió en 1993 a abonar 10 millones de pesetas a cada uno de los 1.147 infectados de sida por hemoderivados contaminados. El acuerdo incluía también a los 175 infectados por transfusión sanguínea. En general, en el mundo, las indemnizaciones económicas se han impuesto a las penas de prisión. Sólo en Francia y Portugal altos ex cargos del Gobierno sufren la persecución de la justicia. En los países afectados, el escándalo de la sangre contaminada ha provocado la disolución de organismos y la reorganización de los servicios de transfusión y donación. En Dinamarca, Alemania, Bélgica, Suiza, Japón, España, Canadá, Rumania y Brasil han sido juzgados jefes de laboratorios e industrias farmacéuticas, funcionarios de la Sanidad y dirigentes de la Cruz Roja.

En otros países, como Estados Unidos -con 10.000 hemofílicos contaminados- o en Gran Bretaña ha primado la indemnización económica a los afectados. En 1996, el Gobierno federal de EE UU y cuatro grupos farmacéuticos se libraron del proceso penal a cambio de pagar 15 millones de pesetas a cada víctima y 1.800 millones para programas de ayuda a las personas infectadas. En Gran Bretaña, en 1991, también se concedieron indemnizaciones a 1.226 hemofílicos y a 80 enfermos infectados de sida por transfusiones. En Japón, después de siete años de discusiones, se llegó a un acuerdo: el Estado se ha hecho cargo del 40% de los 564 millones de pesetas de indemnización concedida a los 460 hemofílicos contaminados. El 60% restante corre a cargo de cinco empresas relacionadas con la comercialización de plasma.

Tribunales

En Suiza y Alemania sí ha habido procesos penales. En Suiza (67 hemofílicos contaminados), el que fue director del laboratorio central de la Cruz Roja helvética, Alfred Haessig, fue condenado a 12 meses de prisión. En Alemania (2.300 hemofílicos contaminados), el proceso a los responsables del laboratorio UB Plasma concluyó con dos condenas de cárcel. El gerente de un laboratorio y un médico fueron encontrados culpables de vender miles de unidades de plasma sin comprobaciones médicas. Un fondo de indemnización de 58.000 millones de pesetas, financiado por el Estado, los grupos farmacéuticos, las aseguradoras y los servicios de donación de sangre, fue creado en marzo de 1995. En Dinamarca, el parlamento arbitró fondos en 1992 y en 1995 para indemnizar a los hemofílicos. En Bélgica, la asociación de hemofílicos reclama a la Cruz Roja belga 83 millones de pesetas por víctima.