Fabius y dos ex ministros, juzgados en Francia por transfusiones contaminadas de sida

Tres ex ministros socialistas franceses -Laurent Fabius, que fue primer ministro, Edmond Hervé, que dirigió la Sanidad, y Georgina Dufoix, que tuvo a su cargo Asuntos Sociales y Solidaridad- se sientan mañana en el banquillo acusados de "homicidio involuntario" y "perjuicio involuntario contra la integridad física de otras personas". Es la segunda parte del proceso llamado de la sangre contaminada, que juzga las transfusiones que infectaron de sida en los años ochenta a más de 2.000 pacientes, un buen número de ellos hemofílicos. El proceso, en una fase posterior, alcanzará a los asesores de los ministros. En 1992 se juzgó y condenó a Michel Garretta, responsable del centro de Transfusión Sanguínea.

En 1991, ante las cámaras de televisión, Georgina Dufoix, ex-ministra de Asuntos Sociales, lanzó una frase que se hizo célebre: "Soy responsable, pero no culpable". Se refería a su comportamiento ante el drama de la sangre contaminada por el virus del sida y a la política seguida por los gobiernos de los que había formado parte. El juicio que se abre mañana en París contra Laurent Fabius -varias veces ministro, ex-primer ministro entre 1984 y 1986 y actual presidente de la Asamblea Nacional-, Edmond Hervé - hoy alcalde de Rennes fue secretario de Estado de Sanidad- y Georgina Dufoix, puede que demuestre que los tres ministros se comportaron de manera irresponsable pero es difícil que pruebe su culpabilidad. Para Fabius el proceso debiera servirle no sólo para demostrar su inocencia sino para rehabilitarle como político. No se dio cuenta enseguida del embrollo en que se había metido cuando vaciló en autorizar la comercialización del test americano Abbott para identificar el virus del sida. Lo comprendió cuando vio su foto en pancartas portadas por hemofílicos contaminados, cuando Michel Garretta, ahora condenado a cuatro años de cárcel, dijo que "son las autoridades quienes deben prohibirnos distribuir sangre contaminada y compensarnos económicamente".

Fabius quiso primero ser juzgado por un "tribunal de honor", luego entendió que estaba obligado a pasar ante la justicia. "He venido a pediros que me acuséis de faltas que no he cometido", les dijo a los diputados pues, en tanto que alto responsable político, sólo una jurisdicción especial puede abordar su caso. Ahora ese carácter especial de la Cour de Justice de la République amenaza en ir en su contra, en ahondar aún más la idea de que los políticos tienen privilegios que se les niegan a otros ciudadanos. Fabius se juega su futuro político. El caso le ha permitido redescubrir el antisemitismo latente en la sociedad francesa -algunos caricaturistas le han pintado como un vampiro judío- y ver la poca estima que le tenían algunos de sus camaradas socialistas. Edmond Hervé ha interiorizado el trauma de ser tratado de asesino. En su caso le reprochan haber seguido autorizando las colectas de sangre en las cárceles cuando no era ningún secreto que un buen número de presos era portador del virus y también de haber tardado en hacer obligatoria una técnica de desactivación del mismo. Los rumores relacionan a Hervé con tentativas de suicidio y depresiones. En su despacho del ayuntamiento de Rennes, una sola foto: la de Pierre Bérégovoy, primer ministro socialista que se suicidó en 1993 después de una campaña contra su honor.

La Georgina Dufoix que acudirá ante el tribunal no tiene nada que ver con la joven millonaria que integró la mitterrandía y conoció una vertiginosa carrera política. "El único giro importante en mi vida es el haberme convertido a Jesucristo en 1988", dice. Hoy Dufoix es protagonista de un vídeo en el que cuenta esa conversión, su nueva fe de protestante austera que afirma que "el hombre cura pero Dios sana". Y eso dice haberlo comprobado en el caso de su marido, enfermo de cáncer en 1991, y hoy totalmente sano "gracias a la intervención de Cristo".

Imparcialidad

La Cour de Justice de la République está integrada por seis diputados, seis senadores y tres magistrados profesionales. La preside Christian Le Gunehec, un juez con una larga carrera desarrollada al amparo de la derecha y que en 1994 intentó que los tres ex-ministros fuesen acusados de "envenenamiento". Si su imparcialidad no parece pues garantizada, ¿qué decir del fiscal? Christian Burgelin, durante la instrucción del sumario, pidió dos veces que el caso fuese sobreseído, porque no veía culpabilidad alguna en la figura de los ex-ministros. Ahora él tiene que acusarles.

La peculiaridades de esta jurisdicción especial no acaban aquí. Los sietes casos de contaminación retenidos en el sumario no podrán ser defendidos por las víctimas -dos de ellas viven todavía- ni por sus abogados, pues sólo la fiscalía del Estado puede actuar en el caso de supuestos delitos cometidos por ministros en el ejercicio de sus funciones. Eso hace pensar que las televisiones y la prensa acogerán un proceso paralelo. Y para acabar de redondear un panorama confuso, varios de los testigos testimoniarán sin jurar decir "toda la verdad" puesto que, en tanto que antiguos asesores de los ministros, están también a la espera de ser juzgados y saben que sus palabras pueden volverse luego en su contra.