La Unió de Llauradors "condena" a los responsables de la política agraria por su "desidia" con el campo valenciano

La Unió de Llauradors i Ramaders-COAG llevó ayer al juzgado de guardia los responsables de las políticas agrarias de la Unión Europea, el Gobierno central y la Generalitat. Y del juicio salió una sentencia condenatoria. Coincidiendo con las movilizaciones convocadas por la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas que se celebraron en todo el Estado, la Unió montó ayer en una céntrica plaza de Valencia un juzgado ficticio ante medio millar de agricultores. Sin embargo, las acusaciones que los 19 responsables de sectores agrícolas y ganaderos de la organización desgranaron eran reales. La discriminación de los agricultores profesionales en la concesión de ayudas, la más que probable desaparición del régimen especial agrario de la Seguridad Social, la falta de un Plan Hidrológico Nacional, la falta de soluciones a las crisis de precios, la no convocatoria de elecciones a Cámaras Agrarias, la falta de control sobre las subvenciones, la falta de un modelo agrarario valenciano, la disminución del presupuesto por parte de la Unión Europea y la permisividad con las masivas importaciones de países terceros fueron algunos de los cargos que llevaron a la ejecutiva de la Unió -que actuaba de tribunal- a dictar por unanimidad una sentencia condenatoria. La pena fue la de "libertad vigilada", con la vista puesta en la Agenda 2000, el documento que más veces se pronunció ayer y que supondría de mantenerse la actual redacción, graves descensos en las ayudas al campo valenciano. El secretario general de la Unió, Lucio Monteagudo, criticó las políticas agrarias dtanto de la UE, como de la administraciones central y autonómica. "todos son complices de estas políticas", aseguró Monteagudo". El secretario de la Unió exigió los políticos compromisos claros -"¿Qué modelo agrario quieren?", dijo- y pidió que la agricultura no sea moneda de cambio en Europa. A lo largo del acto se escucharon críticas a Asaja (que en la Comunidad está representada por AVA, Fepac y Jóvenes Agricultores), "por su falta de compromiso", así como a la ex consejera de Agricultura, María Ángeles Ramón-Llin. "La madre que, por intereses personales, abandona a sus hijos, deja de ser una buena madre", dijo uno de los oradores. Ajeno a las críticas a su departamento, el actual consejero, Salvador Ortells, dijo a Efe que confía en que el Gobierno español "defienda con firmeza" los intereses de los agricultores valencianos ante la UE, y mostró su apoyo a la protesta.