Los observadores de la ONU dejan Angola sin conseguir la paz

Los observadores de las Naciones Unidas (ONU) en Angola han abandonado el interior del país y se han retirado a la capital para preparar su salida definitiva de la ex colonia portuguesa tras su fracaso en el proceso de paz. El Gobierno de Luanda ha criticado duramente la incapacidad de la misión de observadores para garantizar los acuerdos de paz alcanzados en Lusaka (Zambia) a finales de 1994 y ha exigido su salida del país.

Desde esa fecha, la ONU ha gastado en Angola más de 1.200 millones de dólares, sin contar con las ingentes ayudas de la comunidad internacional.El fracaso de las Naciones Unidas en su mediación por la paz no ofrece la más mínima duda a ninguna de las partes en un conflicto civil que dura ya cerca de 30 años y se ha cobrado miles de víctimas, cerca de 100.000 mutilados por las minas antipersonas y más de 500.000 refugiados, que huyen ahora de una guerra abierta, sin cuartel y sin testigos. Incluso el pueblo angoleño, abandonado definitivamente a su suerte, se encuentra hastiado de las promesas de paz y de sus supuestos guardianes. Sólo alberga la cruel esperanza de padecer lo menos posible. De huir hasta que la guerra acabe.

La guerra en Angola es la antítesis de los conflictos en Irak, servidos en directo por televisión. Es una guerra olvidada, donde no hay imágenes, ni testigos independientes ni el más mínimo control. Las noticias llegan a medida que los heridos, los refugiados o sus familias revelan las ofensivas indiscriminadas que han arrasado ciudades del centro del país como Cuito, Huambo, y ahora, Malange. Poco a poco el Gobierno y la guerrilla de UNITA (Unión para la Independencia Total de Angola) van filtrando interesadamente sus supuestas victorias militares. Algunos diplomáticos europeos no ahorran también críticas a "la ausencia de voluntad política internacional", en especial de Estados Unidos, para resolver el conflicto.

Washington, antiguo aliado de UNITA frente al Gobierno prosoviético de Luanda, apoya ahora al presidente José Eduardo dos Santos (sus multinacionales del petróleo obtienen numerosas concesiones para la explotación del crudo en el país), pero no ha hecho nada para evitar el rearme de la guerrilla y garantizar las resoluciones de las Naciones Unidas. El máximo dirigente de UNITA, Jonás Savimbi, no sólo no desarmó sus fuerzas ni se integró en el Gobierno, tal y como se había comprometido en Lusaka, sino que ha aprovechado todo este tiempo para comprar armamento y reclutar nuevas fuerzas.

Agotada su paciencia, el presidente angoleño sorprendió el pasado 15 de enero a todo el cuerpo diplomático con un duro análisis de la situación. José Eduardo dos Santos explicó que el Gobierno de Luanda, "a pesar de ser legal y legítimo, porque fue elegido por el pueblo, fue casi siempre puesto en pie de igualdad por las Naciones Unidas y la troika de observadores del proceso de paz (Estados Unidos, Rusia y Portugal) con un partido (UNITA) que se movía en la ilegalidad". "Al Gobierno", dijo, "le fueron exigidas siempre concesiones y flexibilidad, mientras a la otra parte le era concedida tolerancia y comprensión en beneficio de la duda, como si de una víctima se tratara".

Estas circunstancias, a su juicio, "facilitaron la injerencia gravosa de terceros en asuntos internos del país que llevaron al descarrilamiento del proceso de paz, cuyo control escapa ahora a las Naciones Unidas". Sus resoluciones contra UNITA, dice Dos Santos, "no han sido respetadas íntegramente por ningún Estado miembro", y mientras tanto, "tres países africanos, uno de ellos vecino de Angola, han concedido de forma casi explícita facilidades logístico-militares a Savimbi".

Un informe del Gobierno, hecho público el viernes, acusaba de apoyar a UNITA a países como "Burkina Faso, Togo, Ruanda, Uganda, Zambia y algunos círculos del antiguo régimen de África del Sur". Además, asegura que UNITA ha utilizado en la ofensiva del último mes cerca de 50.000 hombres y mercenarios de varias nacionalidades.

El presidente Dos Santos afirma que estos países, perfectamente identificados, no han sido sancionados por la Organización de Naciones Unidas, "porque sigue sin disponer de los mecanismos para el control de la aplicación de sus sanciones".