La UE expedienta a la Comunidad por primar el empleo fijo en los concursos

El expediente por supuesta "infracción" que los comisarios de Bruselas han dirigido al representante permanente de España en la Unión Europea avala la posibilidad de que los dos criterios arriba mencionados resulten, efectivamente, "incompatibles con el Derecho comunitario". En ese documento se recuerda que los criterios de adjudicación de un contrato "han de referirse exclusivamente a la oferta", de modo que la Administración sólo cuenta con dos posibilidades: conceder sus obras a la empresa que puja con el precio más bajo, o bien a aquella que presente la oferta "más ventajosa", entendiéndose por tal "una combinación de criterios objetivos, referidos a la bondad de la oferta desde un punto de vista económico".Sin embargo, el número de discapacitados o de empleados con un contrato indefinido "no son criterios admisibles para la selección de los contratistas de una obra pública", objetan los autores del expediente comunitario. Y todo ello porque "podrían constituir una violación del Tratado, en la medida en que estarían vulnerando el principio de igualdad de trato".

Así las cosas, Europa ha abierto un plazo para que la Comunidad de Madrid presente alegaciones, pero advierte de que la Administración regional será, entre tanto, "responsable de las implicaciones jurídicas que puedan derivarse de la continuación de los procedimientos en causa".

El director general de los Servicios Jurídicos de la Comunidad, Francisco García Gómez de Mercado, ha tenido que invertir sus vacaciones navideñas en la elaboración de la respuesta de la Comunidad de Madrid a las objeciones europeas. El resultado es un documento de 14 folios en el que el jurista regional defiende con ardor la validez del acuerdo con los líderes sindicales.

García Gómez de Mercado recuerda que los concursos no son subastas (donde, en efecto, sólo prima el montante económico de cada oferta), por lo que proclama que la opción más ventajosa "no tiene por qué ser la más barata". Y continúa: "¿Qué es más beneficioso para la economía? La promoción del empleo estable y de la inserción de los minusválidos es un objetivo de primer orden, porque el desarrollo económico no puede desconocer los imperativos de justicia social".

Si se prefieren argumentos exclusivamente economicistas, el director general también ofrece una respuesta. "El empleo estable es fundamental para la confianza en el futuro y la seguridad, y la inserción de minusválidos disminuye las prestaciones sociales a cargo de la Administración y permite el aumento de su recaudación fiscal".

Ayer, tras el Consejo de Gobierno, Alberto Ruiz-Gallardón se mostró convencido de que su actuación en este asunto prevalecerá como "absolutamente legal", y atribuyó los problemas jurídicos de su Acuerdo por la Estabilidad del Empleo a su "carácter de fórmula novedosa". El presidente regional recordó que Madrid ha terminado 1998 como la Comunidad española "con más creación de empleo y más alto grado de estabilidad, lo que es sinónimo de calidad". Y anunció que será la delegación permanente de España en Bruselas la encargada de asumir la representación de la región madrileña.