Industria prevé devolver 2.500 millones de tasas del gas con descuentos en el recibo

Bilbao - 31 dic 1998 - 00:00CET

El Departamento de Industria proyecta la devolución de cerca de 2.500 millones de pesetas de las tasas de las instalaciones domésticas de gas mediante descuentos en los recibos mensuales de los usuarios. La consejería que dirige en funciones Javier Retegui ha resuelto las demandas de cerca de 12.000 consumidores presentadas a lo largo de este año contra las tasas oficiales del alta e inspección y ha acordado "estimarlas parcialmente". La resolución se ha anticipado, como informó este diario, a la elaboración del decreto que regule las controvertidas tasas de alta e inspección, cuyo borrador ha sido entregado este mes a los diferentes agentes sociales. En la misma, se establece que la cantidad cobrada de más -en cada territorio existen tarifas muy diferentes por iguales servicios de alta e inspección, desde 6.000 a 26.000 pesetas- se devolverá en un periodo de un año a partir de su entrada en vigor, descontándolo mensualmente del recibo de cada usuario. Industria ha calculado la "tarifa correcta" en virtud de una orden de precios públicos de 1991 y, tras aplicar las correcciones del IPC, la tasa de alta e inspección rondaría aproximadamente las 8.000 pesetas. Según los cálculos de las asociaciones de consumidores, si se devolviese íntegramente lo cobrado hasta ahora por los derechos de alta e inspección del gas natural se alcanzarían los 3.500 millones de pesetas. El establecimiento de la tarifa en las 8.000 pesetas, como se calcula desde Industria, supondría la devolución vía descuento en el recibo de tres cuartas partes del total: alrededor de 2.500 millones. La resolución del Ejecutivo de las reclamaciones se refiere únicamente a las demandas presentadas en Vizcaya contra las empresas Bilbogas y Naturgas y no concreta la repercusión en Álava y Guipúzcoa, donde en la mayoría de las localidades los derechos de alta e inspección están por debajo de esas 8.000 pesetas, y si por tanto en estos casos se podría plantear una compensación. Además, no define si beneficia sólo a los usuarios que han presentado reclamaciones ante el Departamento de Industria. PASA A LA PÁGINA 3

Industria fija el alta en 10.000 pesetas y elimina la tasa de inspección

VIENE DE LA PÁGINA 1 Las asociaciones de consumidores mostraron ayer su total rechazo a las intenciones del Gobierno vasco y anunciaron que impugnarán esta pretensión. "Hay que devolver todo lo cobrado", señalaron en la Organización de Consumidores y Usuarios (EKA). "Si existe esa resolución, que la desconocemos, la impugnaremos", afirmó Luis María Cordero, portavoz de la Unión de Consumidores de Euskadi. El borrador del decreto que regulará, a partir de su aplicación, las tasas en un sector en espectacular crecimiento ha sido distribuido a las asociaciones de consumidores, sindicatos y el resto de integrantes de la Comisión de Precios de Euskadi. El texto suprime los conceptos de inspección y verificación que existen actualmente y se limitan las tasas al alta y el reenganche. En el primer caso, que define como "los costes derivados de la contratación y de la inspección previa de las instalaciones receptoras del abonado", Industria fija una cantidad máxima de 10.072 pesetas para los usuarios privados con un consumo habitual. En el caso de los derechos de reenganche, definidos en el documento como "los costes derivados del precintado y posterior puesta en marcha de instalaciones en las que se ha producido un corte de suministro como consecuencia del impago", la cantidad máxima sería de 6.043 pesetas. Las asociaciones de consumidores se mostraron también críticas con el decreto, al que ya están elaborando sus alegaciones. Para EKE, es necesaria una mayor concreción y que "aparezcan qué partidas y conceptos integran los derechos de alta y reenganche", mientras que la UCE anunció que presentará la próxima semana una demanda administrativa contra Naturgas y Bilbogas por cobro indebido. "Pedimos además al Departamento de Industria que les obligue a pagar todo lo cobrado. En cualquier caso, el decreto nos da la razón porque si fuese legal no haría falta que regulase. Si se hace, es que antes no se podía cobrar y por tanto deberían devolverse todas las cantidades cobradas", afirma el representante de la UCE Luis María Cordero.

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