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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Victoria pírrica

LA LEY de Presupuestos y la Ley de Acompañamiento fueron aprobadas ayer en el Congreso gracias al apoyo selectivo de los partidos nacionalistas catalanes y vascos, después de una sesión parlamentaria pródiga en abucheos. El Gobierno podrá decir que ha ganado numéricamente la batalla parlamentaria en las cuestiones más importantes, como en el caso de la enmienda que permite la titulización de los costes reconocidos a las empresas eléctricas como compensación a la liberalización, o la que faculta a los hospitales para convertirse en fundaciones públicas sanitarias. Pero sus aliados políticos, particularmente CiU, le impusieron un voto de castigo que va más allá del simple correctivo simbólico, al votar en contra de cinco de las enmiendas introducidas de tapadillo en el Senado, cámara en la que el Gobierno dispone de mayoría absoluta.Es un hecho que la Ley de Acompañamiento ha sido abusivamente utilizada desde su creación por el PSOE, como un vehículo de dudosa justificación democrática para aprobar, con alevosía y nocturnidad, leyes y disposiciones que se quieren hurtar al debate parlamentario. Pero la respuesta política del actual Ejecutivo no podía ser, una vez más, la del más eres tú, pues el PP ha batido todas las marcas de incorporación casi clandestina de enmiendas para apañar graves cuestiones políticas y económicas de espaldas a los ciudadanos. Ayer ratificó ese desprecio hacia el ámbito parlamentario con su ausencia total y sonora en los debates, rota sólo en el momento de la votación.

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El Gobierno saca adelante el presupuesto y el billón de las eléctricas con el apoyo de CiU

Si el Gobierno hubiera exhibido un comportamiento parlamentario más respetuoso con la oposición y la opinión pública, ahora no pesarían sobre la enmienda de titulización y la de fundaciones sanitarias varias amenazas de recursos de inconstitucionalidad y una sospecha creciente entre los ciudadanos ante decisiones que consideran inexplicadas, potencialmente perjudiciales para sus bolsillos y atentatorias contra el bienestar social. Su coste político será superior a sus beneficios inmediatos.

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